Sindicales
1/6/2026
El gobierno reglamentó el FAL, el ataque a la negociación colectiva y otras reformas antiobreras
Otro paso en la ofensiva contra los trabajadores que debe ser enfrentada con la huelga general.
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Javier Milei.
El gobierno publicó una serie de decretos con los cuales reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y modificaciones de la reforma laboral antiobrera en la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, conformación de los recibos de sueldo, licencias por enfermedad y representación y actuación sindical, entre otros temas, buscando imponer una avanzada contra los trabajadores y en favor de las patronales.
Se trata de la reglamentación de una parte importante de las reformas introducida por la Ley de Modernización Laboral, sancionada en el Congreso gracias al favor del peronismo, la oposición patronal y la complicidad de la burocracia sindical, con la que el gobierno espera avanzar en allanarle aún más el camino a las patronales para profundizar la explotación laboral, la precarización y flexibilización y abaratar “costos laborales” y despidos, promoviendo a su vez la timba financiera.
La reglamentación del FAL habilita a las patronales a modificar el régimen de indemnizaciones por despido, a cambio de la contribución mensual a un fondo –que cotizará en el mercado de capitales para provecho del capital financiero y los especuladores- que se haría cargo de la cobertura de futuros despidos, facilitando la desvinculación de los trabajadores en relación de dependencia pertenecientes al sector privado (no rige para trabajadores públicos). Los FAL comenzarán a regir recién a partir del 1° de noviembre.
Las patronales deberán constituir una cuenta individual en un fondo común de inversión o fideicomisos financieros, con autorización de la Comisión Nacional de Valores, y solo se extenderá cobertura a los trabajadores que hayan sido registrados con al menos 12 meses de antigüedad previos a la extinción del vínculo. El gobierno no solo favorecerá a los capitalistas con bonificaciones en las contribuciones patronales a la seguridad social –que pagarán los trabajadores y jubilados- sino también con deducciones del Impuesto a las Ganancias. A su vez, establece sanciones ante el incumplimiento patronal de los aportes al FAL: un beneficio que se otorga al capital financiero pero que fue suprimido en favor de los trabajadores, con la quita de las indemnizaciones por nula o deficiente registración.
En materia de derecho colectivo del trabajo, el gobierno avanza con la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, reglamentando la caducidad de aquellos convenios cuyo plazo manifiesto ya hubiera expirado, y un procedimiento para la caducidad de aquellos convenios sin fecha de vencimiento hasta el 31 de diciembre de este 2026, con lo que se busca forzar una renegociación masiva a la baja de convenios colectivos, para avanzar con la quita de derechos históricos de los trabajadores.
También se reglamentaron restricciones e intromisiones del Estado en las organizaciones sindicales de los trabajadores, forzando la “adecuación” y reducción de los cuerpos directivos sindicales en función de los afiliados cotizantes de cada sindicato –una injerencia estatal en los gremios-, junto con la regimentación y restricción a la convocatoria de asambleas y al uso de créditos horarios sindicales en los lugares de trabajo, las cuales deberían solicitarse a las patronales con 48 hs de anticipación y no deberán interrumpir el normal funcionamiento del establecimiento, tornándose un derecho irrisorio.
En materia de delegados sindicales se instruye un mecanismo de oficialización de candidaturas que hace expresa la necesidad de notificación del sindicato a la empresa –lo cual en la práctica suele ser sorteado por notificaciones directas de los trabajadores para evitar maniobras persecutorias de la burocracia sindical en concurso con las patronales- y se establece un piso del 5% para obtener la protección gremial contra despidos y sanciones patronales.
La reglamentación oficial también avanza introduciendo reformas restrictivas en el régimen de licencias por enfermedad, con la incorporación obligatoria de recetas electrónicas emitidas por sistema de información o plataforma digital y firmadas por profesionales habilitados ante la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud, lo que lesiona severamente el derecho de los trabajadores que muchas veces se atienden en salas o guardias a su alcance sin contar con estos recaudos, dejándolos al arbitrio de del control médico patronal.
Por otro lado, se reglamentaron mayores potestades y flexibilidad para las Empresas de Servicios Eventuales en el ámbito de las Pymes, consagrando un régimen de precarización laboral sin precedentes, con trabajadores de segunda y descartables.
Los recibos de sueldo deberán confeccionarse con la forma prescripta por el gobierno, donde se hace hincapié en la separación de los ítems correspondientes al “costo total empleador”, incluyendo maliciosamente a tal fin una gráfico con aporte sindical, seguridad social, obra social, INSSJP, ART, cámaras o entidades empresariales y otros: un acto de confusión total, que busca atacar a derechos e institutos del movimiento obrero que se pagan con el trabajo de los trabajadores. A su vez, se exime a las patronales de llevar los libros laborales, con constancia de las altas, datos y bajas de los trabajadores.
Estamos ante una batería de medidas en contra de los trabajadores, que el gobierno busca reglamentar e imponer en los lugares de trabajo, con la colaboración de la burocracia sindical colaboradora que viene entregando a los trabajadores y pactando por sus privilegios de casta. La reforma laboral puede ser revertida con la lucha de los trabajadores, en el camino que resolvió en encuentro obrero en las puertas de la ocupación de Fate, con una movilización para el próximo 10 de junio. Hay que derrotar este ataque con la huelga general y la lucha de clases hasta que se vaya Milei y todos los ajustadores antiobreros.
