Sindicales
30/9/2026
SANTA FE
Explosión en la fábrica Albardón Bio: dos obreros muertos y cuatro heridos graves
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El 29 de septiembre explotó un tanque de metanol en la planta de Albardón Bio, ubicada en la localidad de Puerto General San Martín, del cordón industrial de San Lorenzo. El siniestro dejó dos trabajadores fallecidos y cuatro heridos, dos de ellos en estado crítico.
Según informan los medios, las víctimas fatales fueron Rubén Omar Correa, que vivía en Puerto General San Martín, y Matías Edgardo Díaz, de Granadero Baigorria.
La explosión ocurrió mientras se realizaban tareas de mantenimiento, por empresas contratistas tercerizadas -Gélvez y Siming. Albardón Bio fue promocionada por ser "la única empresa de segmento pyme de una producción integrada con tecnología de primer nivel mundial que puede vender biodiesel convencional, como así también biodiesel destilado y de aceites usados" (Rosario3).
El Estado responsable
Este hecho de suma gravedad, se agrega a otras muertes obreras ocurridas este año, en particular en obras en construcción. La responsabilidad del gobierno de Maximiliano Pullaro es evidente, porque el Estado debe fiscalizar las condiciones de seguridad e higiene en las fábricas.
La falta de controles del Ministerio de Trabajo a los capitalistas radicados en la provincia es una constante, cada vez hay menos inspectores laborales y más impunidad patronal. Esta combinación es fatal.
A la negligencia empresaria y la falta de controles del Estado, se suma el interrogante sobre el funcionamiento de los comités de seguridad e higiene, que en Santa Fe son mixtos, obreros-patronales. Un tema que desde el Partido Obrero venimos denunciando hace décadas en el cordón, ya que deberían ser 100% obreros y con capacidad de veto frente a actividades riesgosas y contaminantes. Sólo miembros electos por la base de forma de directa pueden velar por las vidas obreras.
El SOEA (Sindicato de Aceiteros) mantuvo en 2022 un conflicto con la empresa por "actividad antisindical", luego de que despidieran a dos activistas que habían logrado que se afilie el 90% de la plantilla de trabajadores. La persecución a la organización obrera también tiene un saldo fatal.
La investigación está a cargo de la fiscal Melisa Serena, quien tiene la responsabilidad de investigar a fondo lo sucedido. Reclamamos justicia por los compañeros.
Es vital un plan de lucha de los sindicatos de todo el cordón, organizado por un plenario de delegados con mandato de asamblea, para enfrentar esta masacre laboral con pérdida de vidas obreras, despidos y cierres, salarios de pobreza e impunidad patronal que pone en peligro al conjunto de los trabajadores. Esta explosión es una advertencia del potencial destructivo de un complejo industrial en vía de desmantelamiento, para quienes trabajan en él y para todos los vecinos.
