Luego de un largo proceso de desinversión y vaciamiento de Telefónica-Movistar de Argentina por parte de Telefónica de España, dicha empresa fue vendida el 24/02/2025 a Telecom del Grupo Clarín, en 1.245 millones de dólares. Lo que representa una profunda reestructuración del mercado y la industria estratégica de las telecomunicaciones en nuestro país.  

Aunque el gobierno anunció de entrada una “suspensión preventiva” de la operación, porque no fue informada ni aprobada por la autoridad de aplicación, el Enacom (Ente Nacional de Telecomunicaciones), ni la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), a mediados del año pasado un fallo judicial de la sala III de la cámara civil y comercial federal revocó dicha suspensión. Pero lejos de resolver el tema de fondo, pateó la crisis para adelante, como se vio cuando luego de eso la CNDC objetó en un largo informe la altísima concentración monopólica que resultaría “en un perjuicio para el interés económico general”.

Sucede que el grupo Clarín-Cablevisión-Telecom ya venía de sucesivas compras y fusiones, pero esta última reforzó como nunca un conglomerado económico e infocomunicacional, que además de los medios de comunicación, pasa a ser el único operador de telecomunicaciones dominante del país, tanto en la telefonía móvil, como en los servicios fijos, de banda ancha, televisión por cable y servicios mayoristas de transporte e infraestructuras de red (tránsito IP, transporte de datos y accesos de telefonía móvil). Además de un exceso en 130Mhz en la acumulación del espectro radioeléctrico, duplicando el tope regulatorio vigente. 

Endeudamiento y fuertes choques patronales

El Enacom, luego de demorarlo durante varios meses, emitió el 9 de marzo de 2026 un informe donde enumera una lista de requisitos indispensables para poder autorizar la compra de Telefónica y así “equilibrar el mercado”. Esta lista incluye ceder nada más y nada menos que 6 millones de clientes móviles a otras empresas con su correspondiente infraestructura, devolver todos los clientes de acceso a internet fija de CABA y los clientes en las regiones donde exceden el 50% de participación de mercado, además de retirar demandas judiciales de Telecom al Estado, pagar las deudas de aportes con el Fondo de Servicio Universal (FSU) y cumplir con los acuerdos existentes en los contratos originales de privatización, lo que quiere decir cancelar las deudas con los trabajadores por la participación en las ganancias comprometidas en los pliegos de licitación de la privatización de Entel, que la empresa nunca cumplió y adeuda a todos los trabajadores.

A esta crisis que se ha disparado entre el grupo Clarín/Telecom/Telefónica, hay que sumarle que Telecom ingresa con una enorme deuda con un alto riesgo dada la tasa de interés muy alta (9,25%) en lo que fue considerado la mayor emisión de deuda de una empresa privada argentina. Algo que cuestiona la capacidad de realizar inversiones y despliegues significativos sobre las diferentes redes fijo y móvil (migraciones para accesos de Fibra Optica al Hogar FTTH- y de quinta generación 5G fuera del AMBA y las principales ciudades).

A esta objeción se suman otras presentaciones de empresas como Telecentro o Claro en el Enacom, la CNDC y la justicia (Corte Suprema). O la de la Dra. Liliana Zabala por el pago de los Bonos de ganancias por el cual se realizaron miles de juicios a estas empresas, y por los cuales ha estado presionando la patronal para que se levanten. Todo esto configura una gran incertidumbre en materia judicial, regulatoria y financiera que afecta negativamente a Telecom. Pero hay que decir que la oposición del gobierno de Milei a esta compra no se debió a su oposición a los monopolios -que reivindicó hasta el hartazgo- sino a que pretendía que Telefónica pasara a manos de un empresario amigo: el mexicano Carlos Slim, dueño de America Móvil y Claro que es el segundo operador minoritario de Argentina, y que fue uno de los principales financistas de la campaña electoral de Milei presidente. La preocupación de Telecom de que Claro se quedara con la compra de Telefónica, y surgiera un fuerte competidor, llevó a Telecom a acelerar dicho endeudamiento y adquisición. De ahí se desprenden los fuertes choques con el gobierno que incluyeron episodios como la filtración de la desastrosa entrevista y el detrás de escena de Milei en medio de la crisis por las estafas con la criptomoneda $Libra y otras denuncias por corrupción. O el decreto 433/2025 del gobierno que obliga a Telecom a compartir infraestructura y ofrecer tarifas mayoristas reguladas para los operadores móviles virtuales (OMV) y los proveedores (ISP) regionales, afectando un factor clave como la discrecionalidad para la fijación de tarifas y precios mayoristas de Telecom.

Pero mientras esta disputa continúa, el grupo Clarín-Telecom mantiene el control de Telefónica desde el primer momento de la compra, cuando designó al nuevo CEO de Movistar y cesó automáticamente toda competencia entre ambas empresas, que empezaron una reestructuración y colaboración en todas las áreas. Pero el tema de fondo no se ha resuelto e impide por el momento que se concrete una integración o fusión plena, obligando a mantener una fachada de “sociedades independientes” cuando el objetivo estratégico es unificar a las dos empresas para optimizar costos (sinergia) en todas las áreas y sectores, reduciendo miles de puestos de trabajo.

Cómo enfrentamos la ofensiva patronal

Esta compra, que aún continúa cuestionada, no fue un impedimento para largar una fuerte ofensiva contra los trabajadores. Con una reducción de la planta permanente en las dos empresas, por medio de retiros “voluntarios” masivos, con presiones para precarizar y aumentar los ritmos y la productividad (trabajo por objetivos y métricas) con controles excesivos, traslados, cambios de tareas, sanciones y hasta despidos arbitrarios “puntuales” para intimidar y forzar aún más a los retiros “voluntarios”.

La lista Azul y Blanca que dirige la Comisión Directiva de Foetra y la Consitel se negó en todo momento a denunciar esta compra de Telecom, al igual que lo hizo cuando Cablevisión compró Telecom. O con el vaciamiento y la desinversión durante casi una década de Telefónica-Movistar, que afectó a los trabajadores y usuarios. Con el planteo de que los trabajadores no debemos meternos en estas discusiones. Evitando convocar a la base del gremio para debatir una posición independiente como históricamente se planteó la nacionalización de las telecomunicaciones bajo control de los trabajadores. Pero lejos de todo planteo estratégico, tampoco se utilizó esta crisis para plantear la preocupación ante la creación de semejante concentración de poder económico, político y patronal, que afectaría desde luego a los trabajadores y usuarios. Por el contrario, hasta ahora se dedicó a negociar con los representantes sectoriales de la empresa la implementación de esta reestructuración, que viene avanzando con la eliminación de miles de puestos de trabajo de la planta permanente y la precarización laboral por medio de actas inconsultas que avanzan con la polifunción y la precarización laboral en nombre de defender la “estabilidad laboral”. La ofensiva patronal en el gremio no se limita a la compra de Telefónica por Telecom, sino que incluye también el intento de vaciamiento y privatización de Arsat, donde continúan los salarios por el piso y la desinversión. Y Claro, donde los trabajadores continúan sumergidos en una profunda precarización laboral, tercerizados o “Fuera de Convenio”, a pesar de las fabulosas ganancias de esta multinacional. 

Desde la Agrupación Naranja de las Telecomunicaciones, en la Granate Blanca, venimos interviniendo y planteando la necesidad organizar al gremio para enfrentar esta ofensiva, superando el colaboracionismo y el bloqueo de la burocracia sindical, que no responde ningún ataque patronal. Planteando un programa de defensa de los puestos y condiciones de trabajo. Impulsando el reclamo por la reincorporación de las compañera/os despedidos en Telecom. Por la unidad de los trabajadores de Foetra y Satsaid (Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos). Por un convenio único, fijo-móvil, de toda la actividad. Por el pase a planta permanente de los tercerizados y el fin de los “Fuera de Convenio”. Por una verdadera recomposición salarial para que ningún trabajador de la actividad cobre por debajo de la canasta familiar (2.500.000 pesos). Por asambleas, plenarios con mandato y reuniones abiertas de especialidad para abrir un amplio debate y organización. Por una gran movilización nacional de todo el gremio, independiente de las patronales y el gobierno, por las reivindicaciones pendientes y para poner un freno a los ofensiva patronal de las empresas.  

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