Se volvió a presentar en el Congreso el proyecto de Ley Nacional de Danza, una pelea histórica impulsada por el Movimiento Federal de Danza y acompañada en esta nueva etapa por la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza (AATDA), el Cedam (Centro de Estudiantes de Artes en Movimiento de la Universidad Nacional de las Artes) y presentada por el diputado Néstor Pitrola, acompañado por todo el bloque del Frente de Izquierda: Romina Del Plá, Myriam Bregman y Nicolás del Caño, entre muchos otros diputados de otros bloques reuniendo en total 18 firmas, la presentación con más apoyo hasta el dia de hoy. El 5 de mayo pasado, en una convocatoria de la Comisión de Cultura, Mariela Ruggeri, su autora histórica intelectual, colocó el tema en agenda, lo que tuvo una profusa circulación en las redes de las que participa el sector de la danza.

La presentación tendrá un nuevo punto de apoyo el próximo 19 de junio a las 15.30, con una audiencia pública por la ley. La convocatoria busca reunir a toda la comunidad de la danza: trabajadorxs, docentes, intérpretes, coreógrafxs, investigadorxs, gestorxs, productorxs, estudiantes, centros de estudiantes, asociaciones, salas y espacios culturales de todo el país.

En un momento en que el gobierno de Milei desarrolla un plan de guerra contra lxs trabajadorxs nos quieren convencer de que toda pelea por presupuesto, cultura y derechos laborales es inviable, la comunidad de la danza vuelve a demostrar exactamente lo contrario: volvemos con todo al reclamo de nuestra ley, un reclamo y una deuda histórica, que tuvo en su última presentación victorias impresionantes.

Una lucha que viene de lejos

La Ley Nacional de Danza no nació en un despacho. Es el resultado de una larga pelea impulsada durante años por el Movimiento Federal de Danza y su fundadora, la mencionada Mariela Ruggeri, que sostuvo el reclamo por una política pública específica para un sector históricamente precarizado y relegado.

En el pasado reciente, esta pelea tuvo momentos de enorme importancia: la audiencia pública en el Congreso convocada junto a Romina Del Plá, que reunió a trabajadorxs, estudiantes y referentes de la danza de distintas provincias; las intervenciones públicas; las charlas en espacios de formación; la instalación de la consigna #DanzaEsTrabajo; y la movilización en el CCK, donde más de 800 bailarinxs, coreógrafxs, docentes e investigadorxs irrumpieron para exigir la ley.

La ley llegó a tener tratamiento, se abrió un debate parlamentario y se avanzó incluso hacia un proyecto de consenso. Pero, como tantas demandas de la cultura y de lxs trabajadorxs, quedó bloqueada por la falta de decisión política de los gobiernos (los anteriores y los actuales) y bloques que durante años eligieron mirar para otro lado.

Hoy, bajo un gobierno que ataca de conjunto a la cultura, desfinancia organismos públicos, despide trabajadorxs y pretende someter toda producción artística a la lógica del mercado, la pelea por la Ley Nacional de Danza adquiere todavía más importancia.

Qué propone la ley

El proyecto reconoce a la danza en sus diversos géneros, lenguajes y manifestaciones. También define legalmente como trabajadorxs de la danza a intérpretes, coreógrafxs, directorxs, docentes, ensayadorxs, investigadorxs, gestorxs, productorxs, críticxs y otras funciones vinculadas a la actividad.

Este punto es central. La danza no es solo una expresión artística valorada en abstracto: es una práctica cultural sostenida por trabajo especializado, formación, investigación, producción, docencia, gestión y creación. Reconocer a sus trabajadorxs como sujetos de derecho es una condición básica para empezar a enfrentar la precarización estructural del sector.

El proyecto también crea el Instituto Nacional de la Danza, el INDA, como organismo autárquico destinado a fomentar, promover, apoyar y preservar la danza independiente en todo el país. Entre sus herramientas se contemplan subsidios para producción, apoyo a salas no oficiales, becas de formación e investigación, circuitos de circulación, programas de difusión, protección del patrimonio, un observatorio y un archivo nacional de la danza.

Una ley sin presupuesto sería una declaración vacía. Por eso, el financiamiento del INDA y la distribución federal de sus recursos son parte inseparable de esta pelea y de este proyecto.

Una ley para la danza independiente

Uno de los puntos centrales del proyecto es que coloca el foco en la danza independiente. No se trata de un detalle menor. La mayor parte de la actividad dancística en Argentina se sostiene por fuera de los pocos elencos oficiales existentes: en espacios autogestivos, salas independientes, escuelas, universidades, grupos, compañías, proyectos comunitarios, investigaciones, festivales y circuitos construidos muchas veces a pulmón.

Ese sector es el que más sufre la falta de fomento, la informalidad laboral, la ausencia de continuidad, el trabajo no remunerado y la falta de condiciones materiales para producir, circular y sostenerse en el tiempo.

Por eso, frente a una orientación más centrada en la danza oficial, la pelea que impulsa el Movimiento Federal de Danza pone en primer plano a quienes sostienen cotidianamente la actividad en condiciones de precariedad y autogestión. La Ley Nacional de Danza tiene que responder a esa realidad.

Qué INDA necesita la danza

No alcanza con crear un instituto. La pregunta decisiva es quién lo dirige, con qué mecanismos y al servicio de qué intereses.

El proyecto plantea que las principales autoridades del INDA sean electas por la comunidad de la danza mediante voto secreto, a partir del Registro Nacional de la Danza, e incorpora representación regional. Esta definición es estratégica.

Un INDA manejado por designaciones del Poder Ejecutivo podría terminar convertido en una caja de funcionarios, en un espacio de acomodos o en un mecanismo de reparto discrecional de fondos. La experiencia de distintos organismos estatales muestra que, sin control democrático de lxs trabajadorxs y de la comunidad involucrada, los recursos públicos pueden quedar sometidos a los gobiernos de turno.

Por eso, la elección democrática de sus autoridades no es un aspecto administrativo. Es una condición política para que el instituto responda a las necesidades reales del sector y no a los intereses de una burocracia cultural.

La danza necesita un INDA con presupuesto, federalismo y control democrático de su comunidad.

Contra el ajuste, vamos por la ley

El gobierno de Milei pretende imponer que no hay plata para cultura, educación, salud, jubilaciones ni salarios, mientras garantiza el pago de la deuda y los beneficios a los grandes grupos económicos. Además de la escandalosa corrupción que atraviesa a sus principales funcionarios y al mismísimo Presidente. En ese cuadro, toda pelea por una política pública de fomento cultural choca directamente con el rumbo del gobierno. Pero la conclusión no puede ser esperar tiempos “ideales”. Al contrario: si el gobierno y sus cómplices buscan liquidar derechos, la respuesta tiene que ser más organización.

El 19 de junio a las 15.30, la audiencia pública tiene que mostrar la fuerza de una comunidad que viene peleando hace años y que no acepta que el ajuste clausure sus reclamos. Convocamos a trabajadorxs de la danza, estudiantes, docentes, intérpretes, coreógrafxs, investigadorxs, gestorxs, productorxs, centros de estudiantes, asociaciones, salas y espacios culturales a participar y ser parte.

La danza ya demostró que puede transformar una demanda histórica en una bandera nacional. Ahora se trata de volver al Congreso con más organización, más fuerza para conquistar la Ley Nacional de Danza.

La danza es trabajo. La danza va por su ley.