Sindicales
20/11/2025
¿Libertad o fraude laboral? Los planes de Milei para los trabajadores de las apps
Con las reformas laboral y fiscal buscan ubicar a cientos de miles de trabajadores como “autónomos”.
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Trabajadores de reparto.
Junto con la reforma laboral antiobrera y la reforma fiscal el gobierno planea introducir un marco regulatorio para los trabajadores de plataformas (Rappi, Pedidos Ya, Uber, Cabify y Didi) que evada el reconocimiento de la relación de dependencia subyacente, reconociéndolos como “trabajadores autónomos” a cargo de las obligaciones fiscales y de otros gastos y a cambio una reglamentación laxa de la actividad que no resuelve ninguno de los problemas actuales. Una regulación al servicio de las plataformas y de la recaudación fiscal del gobierno.
Se trata de la regulación de un sector precarizado del mercado laboral que vino creciendo al calor de los despidos y la eliminación de puestos de trabajo en el mercado laboral formal, con aproximadamente 80.000 repartidores en Rappi, 40.000 en Pedidos Ya, 400.000 conductores en Uber, 350.000 En Didi y 100.000 en Cabify, teniendo en cuenta que los trabajadores se encuentran registrados en más de una app.
La reforma que plantea introducir el gobierno tipifica a estos trabajadores en los marcos del trabajo independiente, sobre la base de una supuesta “libertad de contratos”, que no es tal al considerar la asimetría evidente entre las plataformas empleadores, por un lado, y los trabajadores sin ninguna capacidad de “negociación libre” por el otro.
Las empresas en cuestión solo tendrán la obligación de brindar información “clara” a los trabajadores respecto a los criterios de asignación de viajes y/o repartos, así como de las sanciones y bloqueos aplicados, abriendo un “canal de diálogo” con los trabajadores para eventuales reclamos, que no garantiza ninguna resolución favorable o procedimiento de queja efectivo.
El proyecto de regulación también plantea la obligatoriedad de contratación de un seguro de accidentes para los trabajadores, cuyo financiamiento “deberá ser acordado con la plataforma”. Es decir que las patronales siquiera se harán cargo del mismo, trasladando todo costo –como lo hacen en la actualidad- a los trabajadores.
Entre las obligaciones impuestas a los trabajadores se encuentra la continuidad del pago del monotributo a cargo de los mismos, con el agravante de que la reforma fiscal que plantea el gobierno plantea reagrupar a todos los “trabajadores independientes” en el régimen general de autónomos (suprimiendo el monotributo), elevando arbitrariamente el piso del aporte fiscal por encima de los $100.000, lo que implicaría un ajuste directo sobre los “trabajadores libres”.
Otras formulaciones, como la “libertad” de los trabajadores de conectarse cuando quieran o de “aceptar o rechazar” pedidos o servicios, son meras expresiones vacías de contenido, ya que no está planteada la institución de ningún mecanismo que garantice esto, rigiendo en los hechos la voluntad patronal de las plataformas. La mención a que las plataformas deberán “explicar” los motivos de una sanción o bloqueo no invalida las razones y criterios arbitrarios empleados por las mismas, ni habilita procedimiento alguno de reconsideración o queja ante alguna autoridad de control o ente gubernamental. Es la nada misma.
La supuesta “libertad de trabajo” que defiende el gobierno como fundamento de esta regulación encubre una orientación patronal en defensa de las plataformas de delivery, que no solo garantiza el desconocimiento de derechos laborales fundamentales (obra social, aportes previsionales, antigüedad, riesgos de trabajo, vacaciones, aguinaldo, etc.) sino que vuelca la carga fiscal sobre las espaldas de los trabajadores.
Con Milei y sus reformas antiobreras avanza la precariedad y el fraude laboral. Hay que organizarnos para derrotar esta ofensiva patronal, peleando a su vez por el reconocimiento de los encuadres convencionales correspondientes y todos los derechos laborales desconocidos por las patronales.
