Sindicales

13/4/2026

Neuquén: nuevo intento del gobernador de anular el régimen de licencias médicas

Figueroa borra lo que le arrancó la lucha a fines del año pasado.

El gobernador Figueroa.

A fines del año pasado, un incipiente plan de lucha que amenazaba con el no inicio del presente ciclo lectivo obligó al gobierno a recular en la aplicación de la amplia limitación al derecho de licencias médicas que aplicó mediante su ley N.º 3.447 -bautizada como ley “de presentismo”.

De todas las licencias médicas por las cuales se perdía el cobro de un adicional salarial, solo quedó en pie la falta injustificada.

Ahora el gobierno vuelve desde el Consejo Provincial de Educación con la Resolución 411/2.026, la que, bajo la excusa de actualizar los datos de domicilio y carga familiar de las y los trabajadores de la educación, coloca plazos arbitrarios y por fuera de las indicaciones de los profesionales médicos, respecto a los días que cubre cada licencia por las distintas patologías. Prácticamente a ninguna patología se le asigna más de 7 días de licencia. Llegando el caso máximo de 30 días para fracturas o úlceras gástricas.

Se trata lisa y llanamente del intento de limitar el uso de esas licencias médicas, con el declarado objetivo de no pagar salarios por suplencias.

No existe el menor criterio médico y científico para dichos plazos. Es solo coartar el uso de licencias médicas, retomando el ataque oficial que la lucha de fines del año pasado obligó a recular.

No se trata de una simple notificación administrativa, es la forma en que el gobierno empieza a bajar a las escuelas un nuevo esquema de control sobre la docencia. Bajo el discurso de la “eficiencia” se profundiza el disciplinamiento laboral, en línea directa con el ajuste que impulsa Milei y que Figueroa ejecuta en la provincia.

La Resolución 0411/26, presentada como una medida técnica, es en realidad un ataque directo a las condiciones de trabajo y al derecho a la salud de la docencia neuquina, conquistado a través de años de lucha.

No se trata de acompañar procesos de salud, sino de poner límites y ajustar las licencias a criterios rígidos y uniformes para patologías que cursan de distintas maneras en distintos organismos. Lo que hasta ahora el gobierno venía haciendo en la práctica (cuestionar licencias, presionar para altas médicas, recortar tiempos) ahora pasa a tener una normativa que respalda esa política.

El panorama es claro, la docencia pasa a estar bajo sospecha. El gobierno no parte de reconocer el deterioro de las condiciones de trabajo, sino de instalar la idea de que el problema es el “ausentismo” fingido de las y los trabajadores de la educación. En lugar de garantizar el derecho a la salud, se apunta a reducir costos, evitar suplencias y disciplinar a quienes sostienen cotidianamente la escuela. Es el intento de imponer que se trabaje aun en condiciones de enfermedad. El mismo objetivo de la ley N.º 3447 del que el gobierno tuvo que recular.

El avance sobre la salud mental es todavía más grave. En una provincia donde crece el desgaste laboral, la sobrecarga laboral (aulas sobrepobladas, con dos o tres estudiantes con falsa inclusión) y con salarios por debajo de la línea de pobreza, la respuesta del gobierno es limitar derechos médicos. No hay políticas reales de cuidado ni mejora de las condiciones laborales; hay formularios, registros y mecanismos para vigilar, no de salud. Es el cinismo del ajuste, generan las condiciones que enferman y después niegan derechos a quienes se enferman.

Esta resolución no es un hecho aislado. Se inscribe en una orientación más amplia. Lo que está en marcha es una reforma laboral antiderechos, que busca una escuela más barata, más precarizada y con trabajadoras y trabajadores sometidos a mayores padecimientos.

En este cuadro, el gobierno de Figueroa actúa en plena sintonía con la política nacional de Javier Milei. Mientras el gobierno nacional impulsa el ajuste antilaboral, en Neuquén se aplica un programa similar sobre la educación: disciplinamiento y negación sobre derechos laborales. No hay diferencias de fondo cuando se trata de hacer pagar la crisis a las y los trabajadores.

Frente a este cuadro, es fundamental que la conducción provincial de Aten abandone su larga pasividad con el gobierno provincial y convoque de manera urgente a asambleas en toda la provincia, para debatir esta avanzada y resolver colectivamente cómo enfrentarla. La citada resolución no tiene la firma de la representación sindical en el Cuerpo Colegiado. Si el TEP no acuerda con ella, debe convocar a la lucha para anularla. De lo contrario implica que está de acuerdo y la deja correr en forma pasiva.

La defensa de la salud laboral y de nuestras condiciones de trabajo no puede quedar en manos del gobierno. Es en las escuelas, desde las bases, donde tenemos que empezar a discutir y organizar una respuesta frente a este avance impulsando también la organización con delegadas y delegados por escuela para fortalecer la participación y la decisión colectiva. Y poner en pie en cada escuela los comités de seguridad e higiene laboral.

Anulación de la Resolución 0411/26. No al ataque a las licencias médicas. Basta de control y disciplinamiento sobre la docencia. Por el derecho a la salud laboral sin condicionamientos. Asambleas ya en toda la provincia.

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