CABA

20/11/20265 min lect.

Paritarias libres para defender la educación, el trabajo y el salario docente

UTE, una campaña ajena a las preocupaciones del sector y sin plan de lucha.

La burocracia sindical es cómplice del ajuste sobre la docencia y la educación.

La campaña lanzada en las últimas semanas por la UTE (conducida por la lista Celeste) ha sorprendido a más de un docente en las escuelas, ya que se encuentra completamente desconectada de las preocupaciones reales del sector y carece de un plan de lucha mientras avanza la reforma laboral. Sin embargo, la ley de paritarias es un viejo anhelo de esta conducción para reorganizar el esquema de negociación colectiva entre los trabajadores y el Estado, el cual actualmente funciona en la CABA mediante una mesa salarial y mesas de condiciones laborales convocadas esporádicamente por el gobierno.

Este “proyecto” no se conoce y se estaría elaborando a espaldas de la docencia de a pie y sin ninguna instancia democrática de debate con maestras y profesoras en actividad, para después tratarse en la Legislatura porteña. Según la propia campaña de la UTE, tiene posibilidades de tratarse en las últimas sesiones del año mediante un acuerdo entre los bloques del PJ, la UCR, el larretismo e incluso el macrismo.

Una campaña engañosa

La estrategia de la lista Celeste de la UTE intenta “vender” la idea de que esta ley beneficiará a toda la docencia. Esto sería así porque la reglamentación del estatuto del docente y otras medidas que el gobierno actualmente toma por decreto y que afectan a condiciones de trabajo deberían tratarse en una mesa paritaria, requiriendo el aval de los sindicatos. La UTE presenta la idea de que hoy el gobierno no necesita negociar con los sindicatos para avanzar en sus decretos.

Pero esto omite el punto esencial, que es que la UTE pactó y nunca enfrentó las reformas antieducativas del macrismo. La reforma secundaria BA Aprende, el odiado nuevo sistema de reconocimientos médicos, la huella digital y la reforma del estatuto fueron todas medidas que contaron con el aval de una conducción gremial que jamás llamó a enfrentarlas y que ni siquiera las denunció públicamente con la fuerza que corresponde, ni presentó medidas legales para frenarlas, de ningún tipo.

Un claro ejemplo de esto ocurre en la provincia de Buenos Aires: allí rige una ley de paritarias desde 2006, pero gracias a la colaboración de Suteba y el Frente Gremial (que han firmado la mayoría de los acuerdos propuestos por los distintos gobernadores, incluido Kicillof), la docencia bonaerense percibe hoy uno de los salarios más bajos del país.

Pero no es solamente que con la nueva ley se pactará en la “mesa paritaria” lo que hoy el gobierno impone con total complicidad de la celeste.

La norma dejaría afuera a Ademys, que es el único sindicato que se planta contra esta entrega, dado que los sucesivos gobiernos le han negado la personería gremial desde el Ministerio de Trabajo, pese a ser un actor indiscutido y protagonista de las luchas educativas en la Ciudad desde hace años. A lo sumo, admiten la presencia de Ademys como “observador”. Un antecedente inmediato de este tipo de cambios puede ser cuando eliminaron las Juntas de Clasificación y Disciplina, sacando a los representantes de Ademys de las mismas, cuando este sindicato venía siendo votado masivamente por la docencia por el voto directo.

Así, a cambio de un cambio formal en el que los sindicatos con personería gremial pasan a tener “firma” en las reformas, se proscribe a la única organización docente dispuesta a ponerle un freno al gobierno de la Ciudad. Le preguntamos a cualquier compañera: ¿dejarías en manos de los dirigentes de UDA y UTE la defensa de tus derechos laborales? Descontamos la respuesta.

Los convenios, estatutos y paritarias son herramientas progresivas que el movimiento obrero argentino le ha arrancado a las patronales a lo largo de su historia para limitar la explotación y garantizar derechos. Pero estos convenios arrancados vienen siendo entregados por la burocracia sindical en mesas paritarias con todas las garantías de la ley, simplemente porque defienden sus acuerdos con las patronales a costa de los trabajadores y se niegan a organizar siquiera asambleas de base, ni que hablar de un plan de lucha. Las garantías legales para el ejercicio de la negociación colectiva tienen valor en la medida en que las direcciones sindicales concurran a estas negociaciones a defender consecuentemente a los trabajadores, cosa que no ocurre con UTE ni UDA. Para que ocurra, habría que recuperar estas organizaciones para otra política gremial: asambleas con mandato, independencia del Estado, lucha por las reivindicaciones.

En el caso de este proyecto, busca profundizar la regimentación entre el Estado y los sindicatos establecida en la Ley de Asociaciones Sindicales (Ley N.º 23.551), la cual impone el control estatal y promueve el “unicato sindical” mediante la personería gremial, reforzando así el poder de las cúpulas burocratizadas por encima de las bases.

Frente a esto, el clasismo plantea y ejerce una plena democracia sindical en las direcciones que integran, basada en asambleas, autonomía frente al Estado y las patronales, y libertad sindical. Estos principios son precisamente los que la UTE-Ctera no garantiza ni siquiera puertas adentro (recordemos que reformaron sus estatutos tras la histórica huelga de 1988 para eliminar la representación de las minorías) y los que buscan socavar con este proyecto, concentrando aún más poder en los sindicatos conciliadores.

Luchemos por paritarias libres

Ni la UTE ni la UDA han enfrentado el avance de la reforma laboral, la declaración de la educación como “servicio esencial”, las modificaciones al Estatuto Docente, las reformas antieducativas ni la miseria salarial. Incluso ante el femicidio de Nancy Godoy, la conducción de Ctera no hizo una campaña por su desaparición ni denunció las precarias condiciones de trabajo y la responsabilidad de los gobernadores, limitándose a convocar un paro con un acto relámpago recién después de conocerse el crimen.

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