Sindicales
31/7/2026
Plenario nacional de Tribuna Disca votó un plan de lucha contra la motosierra de Milei y la ofensiva en el Senado
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Tribuna Disca
El pasado 9 de julio se llevó a cabo el Plenario Nacional virtual convocado por Tribuna Disca. Con la participación de activistas, personas con discapacidad, prestadores en lucha, trabajadores de la salud mental, familiares y docentes de educación especial de todo el país, el encuentro sirvió para trazar un balance del escenario político y organizar una respuesta unificada frente al brutal ajuste que viene llevando adelante el gobierno nacional.
Como se había denunciado en la convocatoria previa, la realidad del sector es de una crueldad planificada: el desfinanciamiento sistemático golpea de lleno la salud, la educación y las condiciones de vida, provocando el cierre de centros de día, cortes de cobertura en obras sociales y una precarización extrema de los profesionales. Frente a este atropello, el plenario debatió y votó una serie de medidas para pasar de la deliberación a la movilización.
Enfrentar el ajuste en el Congreso
A pesar de los reiterados reclamos del sector, la Ley de Emergencia en Discapacidad (2025) –una conquista arrancada con la movilización- sigue sin aplicarse plenamente: los aranceles de las prestaciones y las pensiones se liquidan con índices muy por debajo de la inflación real, licuando los ingresos de los profesionales y precarizando aún más la atención de los usuarios. Lejos de corregir el rumbo, el gobierno redobla la apuesta.
La alerta inmediata está puesta ahora en el Senado, donde avanza un proyecto reaccionario cínicamente titulado "Ley contra el fraude de pensiones por invalidez" (expediente PE-100/26, enviado al Congreso el 20 de abril y girado a las comisiones de Trabajo y Previsión Social, Población y Desarrollo Humano y Presupuesto y Hacienda). Bajo la excusa de perseguir un supuesto fraude, el proyecto apunta a anular artículos centrales de la Ley de Emergencia, imponer recortes masivos y habilitar una fiscalización punitiva que coloca bajo sospecha a las propias personas con discapacidad. Esta ofensiva no puede leerse por fuera del reacomodamiento del peronismo y el apoyo de los sectores patronales a la agenda de ajuste que también aplican los gobernadores en sus provincias. Frente a este cuadro, el plenario planteó una salida clara: enfrentar la motosierra de Milei con la movilización de la clase trabajadora, la perspectiva de la huelga general y la conformación de comités unitarios.
Alerta roja en Salud Mental y Educación Especial
El ataque gubernamental es integral. En el Senado avanza también otro proyecto nefasto (expediente PE-99/26, girado a las comisiones de Salud y Legislación General) que busca modificar la Ley Nacional de Salud Mental (2010). La reforma va en el sentido de reponer la hegemonía del modelo psiquiátrico por sobre el abordaje interdisciplinario, favoreciendo la mercantilización de los tratamientos y agravando los daños sociales que hoy ya existen, incluida la mortalidad y los suicidios. Frente a esto, el plenario planteó forjar una respuesta coordinada entre discapacidad, salud mental y jubilados.
El vaciamiento de la Educación Especial avanza en paralelo a nivel provincial, con reformas que eliminan la especificidad de la modalidad. Los casos son gravísimos: en CABA hay amenazas de recorte de jornadas y comedores en escuelas para adultos, y en la provincia de Buenos Aires y en Neuquén conviven aulas superpobladas, falta de accesibilidad y baños rotos.
Basta de precarizar a los prestadores y Acompañantes Terapéuticos (AT)
La crisis de los prestadores y acompañantes terapéuticos es de fondo: los profesionales cobran con meses de retraso y por montos de miseria, y la falta de una regulación nacional permite la arbitrariedad en las condiciones de contratación y una hiperexplotación generalizada.
Frente a esto, el plenario resolvió retomar la campaña por el Proyecto de Ley de Acompañantes Terapéuticos, basándose en la iniciativa presentada originalmente por el Partido Obrero en 2015, con el objetivo de regular la profesión en todo el país. A la par, se planteó como una tarea urgente la reactivación de la Asamblea Nacional de Prestadores Precarizados.
Por comités unitarios de lucha
Frente a este escenario, el plenario resolvió impulsar la conformación de comités unitarios de lucha en discapacidad y salud mental en todo el país, que reúnan a personas con discapacidad, familiares, prestadores, acompañantes terapéuticos, docentes de educación especial, trabajadores de la salud mental y jubilados. Estos comités deben organizar una campaña nacional contra los proyectos regresivos que avanzan en el Senado, por la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la regulación laboral de los acompañantes terapéuticos, el pago inmediato a los prestadores y la defensa de la salud mental y la educación especial. El objetivo es coordinar las luchas locales, fortalecer la movilización y preparar una respuesta nacional unificada frente a la motosierra de Milei y los gobernadores.
La organización colectiva, independiente y en las calles es la única salida frente a un ajuste que no es un error de gestión, sino una política planificada.
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