Movilizados, los docentes de General Rodríguez llevamos el planteo de suspensión de las clases hasta que las escuelas estén en condiciones edilicias para trabajar y estudiar a una reunión pública de UEGD, en la puerta del Consejo Escolar (CE). La situación deplorable de las escuelas públicas del distrito es similar a la del resto de provincia. Las muertes de los compañeros Sandra Calamano y Rubén Rodríguez hicieron reaccionar a toda la comunidad. Frente a los manifestantes, los integrantes del Consejo Escolar recibieron detallados los reclamos de manos de una comunidad indignada. Tanto el inspector distrital como el presidente del (CE) fueron abucheados por los docentes,  padres y alumnos, que les pedían la renuncia de ambos.

No obstante, al día siguiente, el inspector distrital hizo circular en una radio local que firmó “bajo presión” el acta de suspensión de clases. Luego comenzó a circular un comunicado por WhatsApp, dirigido a los directivos de escuelas, en el que las autoridades del distrito informaban que las clases no se suspendían salvo por resolución de los directivos en el marco de la normativa vigente. No siendo suficiente presión, dada la informalidad del canal escogido, el domingo el inspector de la región 10 hace circular un documento con membrete oficial con las mismas intenciones.

La respuesta fue una histórica reunión de directores de escuelas de todos los niveles, donde la mayoría sostuvo la suspensión de clases.

Antecedentes de la bronca

A comienzo de este año, el municipio declaró la emergencia educativa en General Rodríguez. En junio, renunció en medio de un escándalo por irregularidades la presidenta del Consejo Escolar del distrito, Estela Cacace (Cambiemos). En julio, explotó la cocina de la escuela N° 22, del barrio Bicentenario, con el saldo de una auxiliar herida. El caso salió a la luz, pero por los aprietes recibidos de las inspectores y otras autoridades, más la inacción por parte de las conducciones sindicales, la situación fue silenciada. 

Una vez más, y para que la muerte en las escuelas no sea moneda corriente, exigimos justicia por Sandra y Rubén, continuidad al plan de lucha en defensa de la educación pública  y condiciones laborales y salariales de docentes y auxiliares.

Sostenemos lo firmado el día viernes y apoyamos a todos los equipos que sostienen la suspensión a pesar de los aprietes en defensa de sus comunidades.

El Ministro Sánchez Zinny debe renunciar. ¡Juicio político a Vidal!

Vidal y Sánchez Zinny son responsables.