Los choferes de Córdoba, que llevan 17 días de paro, preparan una nueva movilización para este martes 26, que buscarán que supere ampliamente los 500 presentes en la marcha del jueves pasado.

La razón principal de las medidas es que hay 3.000 trabajadores del transporte urbano que sólo han percibido el 50% de su salario. A ellos se suman 4.000 trabajadores del interurbano, que hace más de 40 días están de paro, ya que no han cobrado su sueldo.

El llamado a la movilización fue anunciado en un comunicado de prensa de la seccional Córdoba de UTA, colocándola como respuesta a la municipalidad de la ciudad capital por no cumplir su compromiso de hacer cumplir el contrato de trabajo a las empresas. De la misma forma que los trabajadores incitaron a Carla Esteban, secretaria general de UTA Córdoba, a movilizar el jueves, ahora la empujan a “manifestar masivamente”, debido a que la plata sigue sin aparecer. Sin embargo la conducción nacional de UTA, a la que responde Carla Esteban, no tiene un planteo de lucha, sino todo lo contrario.

El municipio dirigido por Martín Miguel Llaryora (al igual que la provincia) anticipó que “no aportará más recursos propios al transporte” (La Voz, 23/5), y ha largado una campaña junto a otros intendentes y gobernadoras y las patronales del sector, para que lo haga Nación. Pero esta, comprometida con las negociaciones de pago de la deuda externa, asegura que no piensa incrementarlos. En este marco, y ante la gran lucha obrera, es evidente que en Córdoba se busca precipitar la salida que el conjunto del arco político nacional quiere recorrer para destrabar la “crisis terminal del transporte” –en palabras del vicepresidente de la Federación Argentina de Transporte Automotor-, que consiste en una avanzada contra los convenios y salarios de los choferes.

Negociados, represión y calumnias

Las patronales del transporte en el país han hecho fortunas a costa de subsidios millonarios y prebendas con los gobiernos de turno. De hecho, Ersa y Autobuses de Santa Fe son empresas que nacieron al calor del poder político, incumplieron los pliegos licitatorios y sus marcos regulatorios, acumularon fortunas vertiginosamente, tienen deudas millonarias con el Estado y juicios por ilícitos de lo más variado. No hay que olvidarse que el ex intendente cordobés Ramón Mestre y su gabinete terminaron imputados por coimas de Ersa.

Sin embargo, y a pesar de todo esto, la decisión de Llaryora es hacerle pagar esta crisis a los trabajadores a fuerza de represión y calumnias. En relación con lo primero, este viernes la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (UFES) resolvió promover 21 imputaciones en contra de dirigentes y trabajadores –un modus operandi que ya utilizó con los municipales y es el protocolo que usó su mentor, el gobernador, Juan Schiaretti para intentar privatizar la Empresa Provincial de Energía.

En cuanto a lo segundo, el secretario de gobierno municipal, Miguel Siciliano, salió a atacar la movilización preguntándose “qué pasaría si estas 500 personas se contagian” (ídem), ello cuando no han dado respuesta a los trabajadores de salud de la municipalidad que denuncian condiciones de insalubridad.

Y han salido a ventilar números falsos, como que un chofer recién ingresado, sin antigüedad, “cobra en Córdoba unos 52 mil pesos de bolsillo, casi nueve mil pesos más que los choferes urbanos del resto del país” (ídem). En primer lugar hay que aclarar que el sueldo de bolsillo de un trabajador sin antigüedad es de $46.194, casi la misma suma que un chofer de Amba bajo otro tipo de conformado.  Y en segundo lugar, habría que preguntarse cuánto quiere que gane un chofer el intendente Llaryora, si se tiene en cuenta que para el Indec “una familia necesitó en abril un ingreso de $45.593 para no ser pobre” (La Nueva Mañana 20/5). Si lo que necesita el Intendente es plata, tendría que revisar las cuentas de Ersa, que declaró tener cuatro millones y medio de pesos (Economist, 27/2), que han amasado gracias a los subsidios de los contribuyentes.

Contra el convenio

Lo cierto es que buscan avanzar en un ajuste contra los trabajadores, como reconoció el propio Llaryora: “los dardos apuntan al convenio colectivo de trabajo de UTA Córdoba, que data de 1973 y que incluye varias cláusulas muy ventajosas respecto del convenio nacional que rige para casi todo el resto del transporte urbano del país” (ídem). Según un editorialista de La Voz, “hace décadas que los empresarios nucleados en la Fetap intentan modificar el costo Córdoba  y  ahora el propio municipio lo incluye como objetivo para la refundación de lo que quede del sistema de colectivos tras la pandemia” (22/5).

El principal punto del convenio que intentan golpear es la jornada de trabajo de siete horas, buscando forzar su renuncia a cambio de no avanzar sobre el salario -esta extorsión ya la intentó desarrollar Schiaretti con los trabajadores de Luz y Fuerza, a los que les pidió que depongan el convenio a costa de descongelarles el salario.

Pero este chantaje, en el caso de los choferes, se hace sobre un convenio que ya fue atacado de hecho durante la intervención de UTA Nacional a la seccional: los diagramas actuales son de 8 horas, no se reconocen las carpetas médicas, se persigue y despide y no hay democracia sindical, no hay cobertura de ART, se terminaron los francos compensatorios y la lista es interminable.

Llaryora, en nombre de la Tamse -empresa de transporte del Estado- y el resto de las patronales intentarán embarrar la cancha en el Ministerio de Trabajo y, en el mientras tanto, intentarán chantajear a los trabajadores para que cambien salario por derechos.

Una salida obrera

La movilización del martes 26 de mayo y la organización de los trabajadores de UTA tienen que sacarse de encima cualquier extorsión. En esta lucha tienen como aliados al resto de los trabajadores estatales que vieron cómo les han robado la jubilación de un saque, a los trabajadores municipales que sufrieron unilateralmente la modificación de su convenio, a sus compañeros de Aoita y a los usuarios que en el medio de la pandemia fueron librados al azar.

La CGT debe llamar a parar y movilizar el 26 para que se les pague inmediatamente y de forma integral el salario a todos los trabajadores del transporte, y para que los gobiernos de Schearetti y Llaryora frenen la sangría contra el pueblo trabajador.

El gobierno sale a ventilar por los medios de comunicación  el sueldo de los trabajadores pero no hace lo mismo con los ingresos de las empresas, a pesar de que es un servicio público y  que de forma mayoritaria, directa o indirectamente, están compuestos por subsidios que aportan los contribuyentes. Para que el transporte sea seguro, económico y de calidad tiene que pasar a manos del Estado y ser gestionado por sus trabajadores y usuarios.