Sindicales
2/11/2026
Ushuaia: jornada de lucha contra la intervención del puerto
El conflicto portuario de Tierra del Fuego es un hito clave del plan de ajuste que avanza sobre la infraestructura estratégica del país.
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A nueve meses de que el gobierno nacional de Javier Milei dispusiera la intervención federal del Puerto de Ushuaia por medio de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), el conflicto portuario de Tierra del Fuego deja de ser una disputa local para transformarse en un hito clave del plan de ajuste que avanza sobre la infraestructura estratégica del país. Para las organizaciones obreras, esta medida no es una acción de control administrativo: se trata de una apropiación ilegal que atenta contra la autonomía provincial y los derechos de cientos de familias trabajadoras, en el marco de la reforma marítima impulsada por Federico Sturzenegger para abrir terminales portuarias a grandes grupos empresarios transnacionales.
La medida, dictada en enero de 2026, dejó alrededor de 140 trabajadores estibadores y operarios de planta fuera de sus puestos habituales. La ANPyN reemplazó el personal con convenio colectivo vigente por mano de obra proveniente de otras provincias, bajo condiciones de precariedad y contratos temporales, justo cuando comienza la temporada de cruceros 2026‑2027 -que se calcula con más de 550 recaladas previstas, motor fundamental de la economía de Ushuaia y Río Grande.
El vencimiento inminente del subsidio salarial de contingencia que otorga el gobierno provincial pone a esas familias al borde del desamparo total; por eso, las bases portuarias volvieron a la acción directa: el sábado 31 de octubre, desde las 8 horas, se desarrollaron piquetes y bloqueos en los accesos de la terminal, interrumpiendo la operatoria para exigir la devolución de la administración portuaria a la provincia y la reincorporación inmediata de todo el personal desplazado.
En la jornada de lucha se hizo presente el presidente de la Cámara de Turismo de Tierra del Fuego, Patricio Cornejo, quien interpeló a los trabajadores y manifestó su rechazo a los cortes en el puerto porque afectan sus propios intereses empresariales.
Vale aclarar que la Cámara de Turismo, junto a las cámaras empresariales de Hoteles, Agencias de Viajes y de Comercio, se pronunciaron el mismo día en contra de los cortes en el puerto porque "afectan el normal desarrollo de la temporada de cruceros" e incluso instan a que los trabajadores mantengan la protesta, pero sin cortar el ingreso al puerto, y hasta plantean que no les interesa quién administre el puerto mientras el puerto funcione.
Es evidente que el accionar del presidente de la Cámara de Turismo responde a los intereses empresariales que solo se quieren beneficiar de la temporada de cruceros a costa de los reclamos de los trabajadores portuarios.
Las denuncias contra la gestión interventora se acumulan en el ámbito judicial y contable. Según informes de revisión interna, $3.800 millones de las cuentas del puerto no tienen destino justificado en registros oficiales; menos del 1% de los ingresos se destinó a mejoras de infraestructura o equipamiento, mientras las instalaciones sufren deterioro progresivo.
Cuando inspectores ambientales de la provincia quisieron ingresar al predio para cumplir sus tareas de control, las autoridades federales se lo impidieron en reiteradas oportunidades, hasta que la Justicia provincial ordenó un allanamiento policial para garantizar su paso. Como consecuencia de estos hechos, el director de la ANPyN, Iñaki Arreseygor, y el interventor local Fernando Polizzi quedaron formalmente imputados por incumplimiento de deberes de funcionario público.
El conflicto cruza las fronteras provinciales y nacionales. Sindicatos como APDFA y SUTAP, con el respaldo de la CTA y el Consejo Internacional de Trabajadores Portuarios (IDC), elevaron el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que destrabe con urgencia la medida cautelar de inconstitucionalidad presentada por Tierra del Fuego. La organización internacional ya advirtió que, si se prolonga la intervención, podría impulsar medidas de solidaridad internacional y denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con riesgo de afectar las escalas de cruceros en la región antártica para la próxima temporada. El plazo original del decreto de intervención vence el 21 de enero de 2027; las organizaciones obreras rechazan de plano cualquier prórroga o maniobra de privatización encubierta de la terminal fueguina.
Mientras las bases salen a luchar, trascienden acuerdos reservados que exponen la complicidad entre el ajuste nacional, sectores del gobierno provincial y la burocracia sindical. En Río Grande se confirmó una reunión cerrada donde se negoció el futuro del puerto, con presencia de los principales referentes de La Libertad Avanza en la provincia: el senador Santiago Pauli y el diputado Miguel Rodríguez. Su objetivo es profundizar la intervención, romper los convenios colectivos vigentes e imponer la flexibilización laboral extrema que forma parte del paquete de reformas marítimas del Gobierno nacional.
Del lado sindical, el principal operador de este pacto es Carlos Córdoba, secretario general de ATE provincial, recientemente liberado tras cumplir condena por estafa, acompañado por Roberto Oyarzo. También participó la dirección de la Unión de Personal Superior Ferroviario de Tierra del Fuego (UPSF), con su referente nacional Leonardo Salom. Estas cúpulas, desacreditadas ante sus propias bases, negocian derechos de los afiliados para conservar sus privilegios institucionales y vínculos con el poder económico.
De este modo se configura un bloque común de ajuste: la intervención nacional, la complicidad de sectores oficialistas provinciales y el entreguismo de la burocracia sindical se unen para avanzar sobre la soberanía portuaria y desmantelar el aparato público provincial.
Este escenario político‑sindical se confirma con la votación legislativa del 28 de octubre: la designación de Juan Ignacio Penco para integrar el Consejo Federal Pesquero -abogado vinculado a la reforma marítima impulsada por Sturzenegger- contó con el respaldo conjunto del espacio de Gustavo Melella, el PJ y La Libertad Avanza. Aunque el gobernador reclama públicamente que el puerto vuelva a manos de la provincia, este apoyo legislativo muestra su postura real ante una posible extensión de la intervención después de enero de 2027.
Walter Vuoto, presidente del PJ fueguino y aspirante a la gobernación para el mismo año, también acompañó esa votación y aún no definió su posición ante el futuro de la terminal ni ante la suerte de los trabajadores que dependen de la asistencia salarial provincial.
Para la clase trabajadora fueguina, queda claro que no hay soluciones que esperar de las instituciones del Estado burgués ni de las direcciones sindicales que cierran acuerdos a espaldas de las bases. Mientras los funcionarios negocian despachos cerrados, 140 familias siguen sin trabajo y la principal fuente de ingresos turísticos de la provincia corre riesgo por la desorganización de la gestión interventora.
Desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad manifestamos nuestro total respaldo y solidaridad con las familias de los trabajadores portuarios. La exigencia es contundente: reincorporación inmediata de los despedidos y el cumplimiento irrestricto de los derechos establecidos en el convenio colectivo de trabajo. Es indispensable fortalecer la movilización independiente, coordinar las distintas luchas -portuaria, fabril y estatal- y construir un congreso de delegados de base para hacer frente al plan conjunto de Milei, Melella y sus aliados.
¡Fuera la ANPyN! ¡Fin inmediato a la intervención del Puerto de Ushuaia! ¡Devolución de la administración portuaria a la provincia, bajo control obrero!¡Reincorporación ya de los 140 despedidos y pago total de los salarios adeudados! ¡No a la prórroga ni a la privatización encubierta del puerto! ¡Abajo los pactos entre la burocracia sindical, el gobierno provincial y el ajuste de Milei!
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