Sociedad
13/4/2026
Insisten con penalizar el "delito" de denunciar violencias contra las infancias y adolescencias
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La senadora Carolina Losada (UCR Santa Fe)
El proyecto de ley de Carolina Losada (UCR de Santa Fe) contra quienes denuncian violencia de género o violencias contras las infancias, volvió a ser refritado en el Senado de la Nación y acaba de alzarse nuevamente, tras perder estado parlamentario el año pasado, con un dictamen de las comisiones de justicia y asuntos penales. Eso significa que el proyecto está listo para tratarse en el recinto si se decidiera incorporarlo al temario de una sesión y eventualmente podría convertirse en media sanción.
El mismo busca incorporar al Código Penal un nuevo instrumento de criminalización de quienes se animan a denunciar delitos que son una verdadera plaga en nuestra sociedad, como ocurre con los abusos en las infancias y adolescencias. El proyecto propone la modificación de 3 artículos del Código Penal (245, 275 y 277) para agravar las penas por falsas denuncias en general (actualmente de prisión de 2 meses a 1 año o multa, que pasarían a ser de 1 a 3 años), e incorpora un agravante que eleva la pena de 3 a 6 años “si la falsa denuncia ante la autoridad fuera en el contexto de delitos de violencia de género o contra menores de edad o contra la integridad sexual”. La misma cláusula diferencial se aplica para los testigos, peritos o intérpretes que afirmen una falsedad en denuncias de este tipo, o para el delito de encubrimiento también en estas causas específicamente. En todos los casos, los excluye de la exención de responsabilidad debido al vínculo familiar.
Estadísticas matan relato
Según Unicef, sobre investigaciones con base mundial, regionalmente 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 7 niños experimentarán alguna forma de violencia sexual. En el 80% de los casos, los abusos y violencias contra las infancias se producen al interior de las familias. En nuestro país, un informe de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OVD), revela que en el primer trimestre de 2025 se recibieron 712 denuncias por las que resultaron afectados 958 niñas, niños y adolescentes (NNyA) por situaciones de violencia doméstica -un promedio de 11 por día.
Por otro lado, según un estudio del Equipo Latinoamercano de Justicia y Género (ELA), que compendia distintos relevamientos, a nivel mundial las denuncias falsas en casos de violencia de género representan menos del 1%, según datos de ONU Mujeres de 2024. En cuanto a la Argentina, y según datos elaborados en 2025 por el Consejo de la Magistratura, menos del 3% de las denuncias penales serían falsas, y se vinculan principalmente con delitos económicos.
A ello se suma que, entre los delitos violentos, el menos denunciado es la ofensa sexual, con una tasa de denuncia del 12,5%. Es decir, el 88% de quienes lo sufrieron no denunciaron, según la Encuesta Nacional de Victimización realizada por el Indec en 2017. El 40 por ciento de las víctimas de violencia sexual son niñas, niños y adolescentes.
Lo que muestra el verdadero rostro de este proyecto es el hecho de que los agravantes que propone para las falsas denuncias por motivos de género conducen a que haya penas más severas para estos hechos que las contempladas actualmente por el artículo 119 del Código Penal, que establece la pena de 1 a 4 años a quien cometiere un abuso sexual.
Lejos de sanear una problemática tan grave y tan extendida, lo que busca este proyecto es, por un lado, desviar la atención de los graves problemas que enfrenta la población, y al mismo tiempo, perpetuar el abuso en las infancias y la impunidad y persecución contra quienes se animan a denunciar en la justicia, que son mayormente las madres protectoras. A ellas ya se las criminaliza con el falso e inexistente “Síndrome de Alienación Parental” (SAP) -que ha sido ampliamente rechazado por la comunidad científica por carecer de todo fundamento- para negar los derechos de las infancias y estigmatizarlas como “mentirosas”, “fabuladoras”, “manipuladoras”.
Un instrumento penal para silenciar y perseguir a quienes denuncian la barbarie
No se trata simplemente de jerarquizar en el sistema penal un instrumento que ya se utiliza bajo distintas modalidades (actualmente a las madres protectoras se las persigue mayormente bajo la figura de “impedimento de contacto” -por querer preservar a sus hijos frente a familiares abusadores y violentos). El objetivo es sobre todo utilizar al Código Penal como un “aleccionador” para toda la sociedad, a la que buscan moldear en función de un modelo familiar donde se impone la sumisión y la resignación ante la autoridad y las peores lacras y atropellos. Ese silenciamiento dentro del ámbito más íntimo de la familia, educa en principios funcionales al capitalismo a lo largo de toda una vida: son los patrones de conducta que se deben repetir frente al patrón, al policía o al gobernante.
Al enfocarse únicamente en casos de “falsas denuncias” que involucran violencia por razones de género, la reforma refuerza prejuicios discriminatorios sobre las mujeres y suma una barrera adicional para el acceso a la justicia -que constituye un verdadero laberinto de dificultades. Según estadísticas de ONGs, un 25% de las mujeres que realizan denuncias por violencia de género terminan siendo asesinadas; esto, tras acudir a los distintos poderes del Estado en busca de ayuda –sin ser atendidas. Ni hablar de la desprotección para los niños, niñas y adolescentes que sufren o sufrieron abusos y violencias.
No estamos frente a una preocupación genuina por las denuncias falsas, sino ante una manipulación del problema. Las falsas denuncias existen y el delito ya está tipificado en el Código Penal. Lo único que se incorpora es la saña contra las infancias violentadas y quienes las protegen.
El proyecto no se preocupa, ni por asomo, por la ausencia de una investigación judicial rápida y efectiva en los casos de una falsa denuncia en éste o en cualquier otro ámbito. Esto nunca es recogido por los integrantes de esta campaña reaccionaria, con la que se busca amordazar a los chicos abusados. Mucho menos aborda la proliferación de las falsas denuncias por parte de la policía, que es denunciada a diario por detenciones arbitrarias y abusos de todo orden para proteger a los cabecillas de las bandas narco y el delito organizado.
Enfrentemos esta campaña reaccionaria
Este tema de las supuestas “faltas denuncias” cuando se trata de violencia de género y violencia contra niños y niñas, fue parte de la agenda que defendió fuertemente el ex ministro de justicia del gobierno de Milei, Mariano Cúneo Libarona, quien llegó incluso a participar de una reunión de la comisión de mujeres y diversidades en Diputados escoltado por una patota de defensores de pedófilos y abusadores -ocasión en la que salió duramente al cruce nuestra compañera Vanina Biasi.
Antes de Losada, fue Lilia Lemoine la que presentó una iniciativa parlamentaria muy similar en Diputados en 2024. Luego el tema apareció como uno de los artículos que introducía el mega proyecto de reforma del Código Penal impulsado por Patricia Bullrich: un compendio reaccionario de más de 900 artículos para reforzar el poder del Estado con un punitivismo exacerbado destinado a la criminalización de las y los trabajadores y el cercenamiento de las libertades democráticas.
La defensa de este proyecto por parte de Bullrich, que se hizo presente en el debate en comisiones en calidad de jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), evidencia que solo tenemos sobre la mesa una saña particular contra mujeres, niñas y niños: ella precisamente es una ejecutora serial de falsas denuncias, que tuvo presos ¡3 meses! por supuesto delito de sedición a manifestantes contra la Ley Bases, que acusa con pruebas truchas a compañeros que sostienen comedores populares como ocurre con el Polo Obrero, o que acusa al feminismo por las mujeres que pierden la vida en situaciones de violencia machista.
Si bien son funcionarios o legisladores cercanos al gobierno liber facho los que más lejos quieren avanzar con este proyecto, buscando consagrar en el Código Penal un instrumento para reforzar la criminalización de quienes denuncian y protegen a víctimas de abusos y violencias en las infancias y adolescencias, lo cierto es que dentro del sistema judicial esta práctica ya impera hace años bajo el amparo de todos los gobiernos, sean del signo político que sean, y lo mismo vemos actualmente en las provincias. Casos como la persecución judicial a la mamá de Arcoiris (La Rioja) o la mamá de Luna (CABA), entre tantísimos otros a lo largo y ancho del país, dan crudo testimonio del enorme peso del lobby de defensores de pedófilos dentro del Poder Judicial de nuestro país.
Este proyecto forma parte de una campaña reaccionaria que debe ser denunciada y enfrentada, en todos los ámbitos del debate público y en las calles, en defensa de las infancias y las madres protectoras.
