Sociedad
23/9/2026
La ciencia argentina, bajo supervisión diplomática y militar
Rechazamos los decretos que subordinan el sistema científico al alineamiento del gobierno con Estados Unidos.
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Agrupación Naranja Ciencia y Técnica
El gobierno nacional avanza en la construcción de un dispositivo de control político, diplomático y militar sobre la ciencia y la tecnología argentinas. Dos decretos publicados con apenas once días de diferencia permiten advertir con claridad esta orientación.
Mediante el Decreto 983/2026, el Poder Ejecutivo creó el Sistema de Articulación de la Política Exterior bajo la conducción de la Cancillería. La norma obliga a todas las jurisdicciones y organismos de la Administración Pública Nacional, incluidos los organismos descentralizados, a informar y coordinar sus actividades internacionales cuando estas puedan incidir en la política exterior.
El alcance de esta disposición comprende al Conicet, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, el Inti, el Inta, la Autoridad Regulatoria Nuclear y otros organismos estratégicos. Convenios con instituciones extranjeras, proyectos de cooperación, fuentes internacionales de financiamiento, intercambio de investigadores, transferencia tecnológica y participación en redes científicas quedan potencialmente sometidos a la supervisión y orientación política de la Cancillería.
La fórmula utilizada por el decreto es deliberadamente amplia. Cualquier actividad capaz de producir consecuencias diplomáticas, jurídicas, institucionales o políticas puede quedar alcanzada por este sistema. Aunque la norma no establece expresamente un poder de veto, las observaciones de Cancillería difícilmente puedan ser ignoradas por las autoridades de organismos que dependen política y presupuestariamente del mismo gobierno.
Ahora, mediante el Decreto 1056/2026, el Poder Ejecutivo aceptó la renuncia del subsecretario de Ciencia y Tecnología y designó en su reemplazo al Comodoro César Oscar Lencina, un oficial en actividad de la Fuerza Aérea Argentina.
Los antecedentes públicos de Lencina se encuentran vinculados con la conducción militar, la formación en la Escuela Superior de Guerra Aérea, la jefatura de bases y la logística antártica. No se conocen antecedentes relevantes en investigación científica, política científica, universidades, evaluación académica o gestión de los organismos que integran el sistema nacional de ciencia y tecnología.
La designación de un militar al frente de esta Subsecretaría adquiere una gravedad particular cuando se la relaciona con la centralización de las actividades internacionales de los organismos científicos bajo la autoridad de Cancillería. Se conforma así una cadena de supervisión que abarca tanto la orientación interna de la política científica como sus relaciones internacionales.
Una enorme parte de la investigación argentina mantiene vínculos con instituciones de otros países. La cooperación internacional atraviesa los estudios antárticos, la actividad espacial y nuclear, las telecomunicaciones, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la biotecnología, la energía, los recursos naturales y numerosas áreas de investigación básica y aplicada. Muchas de ellas poseen, además, posibles usos civiles y militares.
Estos decretos deben analizarse en el contexto del completo alineamiento del gobierno de Milei con Estados Unidos. No hace falta que una norma le otorgue formalmente facultades a Washington para advertir el peligro. Cuando el Gobierno argentino adopta como propia la estrategia internacional estadounidense, la centralización de los vínculos científicos en Cancillería se convierte en un canal para trasladar ese alineamiento al interior del sistema científico.
Denunciamos que se están preparando las condiciones institucionales para que los intereses estratégicos de Estados Unidos intervengan sobre la orientación de la ciencia argentina, sus convenios internacionales, sus fuentes de financiamiento y sus prioridades de investigación. La designación de un comodoro en actividad refuerza la posibilidad de orientar recursos y capacidades hacia áreas de seguridad, defensa, vigilancia y tecnologías de uso dual, bajo criterios ajenos a las necesidades de las mayorías trabajadoras.
El vaciamiento presupuestario cumple un papel central en esta política. El gobierno desfinancia los organismos, paraliza ingresos, destruye salarios, expulsa investigadores y becarios y reduce las capacidades propias del país. Un sistema científico debilitado queda en peores condiciones para defender su autonomía y se vuelve más dependiente de empresas, fundaciones, potencias extranjeras y organismos internacionales para sostener sus actividades.
Desde la Agrupación Naranja de Ciencia y Tecnología rechazamos el Decreto 983/2026 y la designación establecida por el Decreto 1056/2026. Reclamamos la inmediata publicación de los antecedentes, objetivos y agenda del nuevo subsecretario; la identificación de los convenios y proyectos científicos que serán sometidos al sistema de Cancillería; y la apertura de toda la información vinculada con acuerdos científicos, tecnológicos, militares y de seguridad celebrados o proyectados con Estados Unidos y otras potencias.
Defendemos la autonomía de los organismos científicos y el carácter civil de su conducción, lo que no nos impide cuestionar las decisiones de la dirección de estos organismos al subordinarse al ajuste y políticas del gobierno. Reclamamos presupuesto suficiente, recomposición salarial, ingreso inmediato de quienes ganaron sus concursos, continuidad laboral para becarios y trabajadores precarizados y participación democrática de la comunidad científica en la definición de las políticas del sector.
Frente al intento de poner la ciencia argentina bajo tutela diplomática, militar y extranjera, llamamos a las y los trabajadores del Conicet, las universidades y todos los organismos científicos y tecnológicos a debatir estas medidas, exigir explicaciones públicas y organizar una respuesta común.
La ciencia argentina debe estar al servicio de las necesidades de las y los trabajadores y del desarrollo social, sanitario y ambiental del país, no de los intereses de las empresas, las Fuerzas Armadas ni la política exterior de Estados Unidos.
