Una vivienda con condiciones habitacionales adecuadas debe contar con acceso a servicios, materiales de calidad, pisos, techos, seguridad de la tenencia, espacios suficientes para las personas que habitan el lugar y no estar asentada en lugares insalubres. En Argentina, uno de cada tres hogares carece de alguna o varias de esas características, mostrando cómo los políticos que nos han gobernado se encargaron de pisotear el derecho a la vivienda digna de la población.

Condiciones habitacionales deficitarias

El dato se desprende de un informe publicado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) en conjunto con referentes de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Techo y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). El mismo arroja que un tercio de esos 4 millones de hogares en situación de vulnerabilidad es directamente inhabitable.

El informe destaca que la mayor parte de esas viviendas se encuentra dentro de los 5.687 barrios populares registrados en el ReNaBap, donde residen más de cinco millones de personas. En ellos la precariedad es absoluta: el 90% no tiene acceso al agua de red, el 66% no cuenta con energía eléctrica, el 97% no posee red cloacal y el 99% carece de gas natural. Además, el 85% de esos barrios se encuentra expuesto a otros factores de riesgo adicionales, como inundaciones, residuos, cercanía a vías de ferrocarril, etc.

Tamaña crisis habitacional tiene como responsables a los sucesivos gobiernos. Por un lado, ninguno destinó recursos en urbanizar los barrios precarios y extender el tendido de servicios públicos para que todos los hogares puedan gozar de ese derecho básico. Tampoco se pusieron a disposición las tierras fiscales u ociosas para llevar adelante planes de viviendas, acompañados de una política de créditos hipotecarios accesibles. A su vez, se ocuparon de hundir el ingreso popular, imposibilitando que población trabajadora pueda comprar un terreno y construirse su casa en condiciones de habitabilidad adecuadas, o bien, acceder a un crédito hipotecario.

Por otra parte, los gobernantes han orientado la obra pública a poner en valor las zonas de mayor poder adquisitivo, con la finalidad de favorecer los negociados inmobiliarios. También rematan tierras fiscales para la construcción de emprendimientos de lujo y modifican los códigos urbanísticos a pedido de las constructoras. De esta manera, prolifera la especulación inmobiliaria que encarece el metro cuadrado, expulsando a las familias trabajadoras, quienes se ven condenadas al hacinamiento y a asentarse en lugares insalubres.

Vulnerabilidad inquilina

Lo anterior también explica la escasez en la oferta de inmuebles en el mercado de locación y el encarecimiento de los alquileres. Según el informe citado, más de 2 millones de familias alquilan en el país (el 35% del total) y el 32% de las mismas gastan más de la mitad de sus ingresos en pagar el alquiler. A su turno, el 77% de quienes alquilan recibe aumentos por fuera de la ley de alquileres.

Aquí se combinan el avance de la vivienda ociosa -utilizada como reserva de valor por los capitalistas- y el de los alquileres temporarios en dólares para el turismo. Los políticos capitalistas, en lugar de gravar a los dueños de esos inmuebles, plantean desregular el mercado de alquileres, perjudicando aún más a los inquilinos, en beneficio de los propietarios y las inmobiliarias.

¿Cómo garantizamos el derecho a la vivienda?

Para revertir esta crisis habitacional, desde la lista que encabezan Gabriel Solano y Vilma Ripoll en el Frente de Izquierda planteamos: cambiar la orientación del uso social de la tierra (hoy destinado al lucro capitalista), creando  un banco de tierras públicas o a estatizar, para lotear socialmente a las familias que necesiten una vivienda; y derogar los códigos urbanísticos que permitan la construcción indiscriminada y los convenios con Airbnb.

A su vez, es necesario universalizar el acceso al crédito hipotecario a una tasa por debajo de la inflación y cuotas que no superen el 20% del ingreso familiar; aplicar un impuesto progresivo y permanente a la vivienda ociosa; suspender los desalojos; urbanizar villas y asentamientos bajo control de los vecinos; e implementar planes de construcción de viviendas para 4 millones de familias, empleando mano de obra desocupada bajo convenio.

Por otro lado, los precios de los alquileres deben estar regulados, en un cálculo que contemple una franja de costo por metro cuadrado. Esto junto con una recomposición salarial de los trabajadores, que eleve el salario mínimo a $365 mil y establezca aumentos salariales indexados a la inflación mensual.

Por último, hay que desconcentrar el hacinamiento de los grandes centros urbanos, desarrollando el interior del país bajo control de los trabajadores y comunidades en pos de frenar el despoblamiento rural. Se trata de un programa que aseguraría el derecho a la vivienda del conjunto de la población, por el cual debemos luchar contra los pulpos inmobiliarios y sus representantes políticos.

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