El comienzo del cuatrimestre en la Facultad de Ciencias Sociales está atravesado por un hecho inocultable: el paro docente y no docente que plantea el no inicio de clases. No se trata de una exageración ni de una medida "extrema". Es la respuesta elemental frente a salarios pulverizados, comisiones que desaparecen y un presupuesto universitario que no alcanza ni para sostener el funcionamiento mínimo de las facultades.

El gobierno de Javier Milei ha decidido descargar sobre la universidad pública un brutal ajuste. Pero en Sociales, y particularmente en la carrera de Ciencia Política, la situación expone algo más profundo: el rol de las fuerzas universitarias que dicen oponerse al gobierno mientras administran sus consecuencias.

Ciencia Política, laboratorio de la adaptación

La carrera de Ciencia Política se ha convertido en un verdadero laboratorio de esta contradicción. Mientras docentes y no docentes se ven empujados a parar para defender condiciones mínimas de trabajo, las conducciones estudiantiles despliegan una política de contención y desmovilización.

El libreto es conocido: declaraciones altisonantes en defensa de la universidad pública, alguna foto en redes sociales y, cuando el conflicto escala, la apelación a la "responsabilidad institucional" es lo que define la jornada. Traducido al castellano: no organizar al estudiantado para enfrentar el ajuste.

En lugar de impulsar asambleas masivas o incluso participar de ellas, coordinar con docentes y no docentes o preparar medidas de lucha, la orientación dominante ha sido administrar la crisis universitaria dentro de los límites que fijan las autoridades.

El resultado está a la vista: menos cursadas, docentes precarizados, estudiantes que abandonan por razones económicas y una carrera que funciona cada vez más como un apéndice burocrático del régimen universitario.

Alternativa y la Franja: socios en la administración del ajuste

En este cuadro, la política de Alternativa (UCR) merece una mención especial. Mientras se muestran preocupados por las pésimas condiciones de cursada, en los hechos reproducen la orientación histórica del radicalismo universitario y de la Franja Morada.

Es decir: defender el régimen universitario tal cual está, incluso cuando es ese mismo régimen el que ejecuta el ajuste presupuestario que padecemos todos los días. Un ajuste que nos condena a cursar durante horas en una facultad que ni siquiera garantiza condiciones mínimas de infraestructura. Las mismas carencias que Alternativa Académica denuncia en sus redes, mientras sostienen en los hechos la política que las produce.

Porque no nos engañemos: el vaciamiento de la universidad no se sostiene solo con decretos del gobierno nacional. También se sostiene con consejos directivos, rectorados y gestiones que administran presupuestos de miseria acordando en mesas chicas mientras anestesian los procesos de lucha que se gestan por debajo.

La lógica feudal con la que se maneja Alternativa Académica, y que es convalidada con sus votos en la Junta de Carrera de Ciencia Política, impacta de lleno en nuestra cursada. No solo porque dejan pasar, y en los hechos aplican, el desfinanciamiento universitario, sino porque reproducen una política de reparto de cargos que queda expuesta en el funcionamiento mismo de las cátedras.

Mientras los estudiantes cursamos en horarios completamente antiobreros, con prácticos a las dos de la tarde que vuelven cada vez más difícil sostener la carrera a medida que avanzan los años, Alternativa sigue anunciando que "suma cátedras". La pregunta es: ¿qué cátedras y para quiénes? Porque lo que nunca aparece en su agenda es resolver el problema más elemental de la carrera: la peor oferta horaria de toda la facultad.

La prioridad parece ser otra. En lugar de ampliar cursadas en horarios accesibles para quienes trabajan, lo que se multiplica es la asignación de cargos docentes bajo criterios más que dudosos, reservados para quienes comparten su mismo color político. No es casualidad: esta política es heredera directa del proceso abierto con el cambio del plan de estudios, que funcionó como una verdadera mesa de reparto entre el peronismo universitario y el radicalismo.

El ejemplo más reciente es elocuente: la nueva cátedra de Filosofía, creada sin haber presentado siquiera un programa de estudio y con docentes que no pasaron por concurso. Sin embargo, la cátedra ya funciona como un hecho consumado.

La escena es bastante clara: peronistas y radicales se reparten cargos en los despachos, mientras los estudiantes hacemos malabares para ver cómo llegar a cursar. Una universidad administrada como botín político difícilmente pueda dar respuesta a quienes la sostienen todos los días en las aulas.

La 15 y Acción por Sociales: la no oposición

Ahora bien, si Alternativa administra el ajuste desde dentro del régimen universitario, hay quienes intentan ocupar el lugar de la oposición. El problema es que una cosa es hablar de oposición y otra muy distinta serlo.

En Ciencia Política, la actuación de La 15 (La Cámpora-La Mella) y Acción por Sociales (Urbana, Axioma y Evita) ha sido la de una oposición cuidadosamente domesticada. Critican a las conducciones, pero cuando llega el momento decisivo terminan adaptándose a la misma orientación.

La receta es siempre la misma: discursos combativos, denuncias parciales y finalmente acuerdos que garantizan que nada cambie demasiado.

En un momento en el que docentes y no docentes están planteando el no inicio del cuatrimestre, esta política adquiere un carácter particularmente grave. Porque bloquear la organización estudiantil en medio de un ataque histórico a la universidad no es neutralidad: es colaboración con el ajuste.

Dicho sin rodeos: no alcanza con declararse defensor de la universidad pública si cada vez que hay que organizar la lucha se termina tranzando con quienes la están vaciando.

Una vez más, Urbana y Alternativa Académica terminan diciendo lo mismo cuando la situación se radicaliza. Frente a la posibilidad de una toma o de una medida que rompa la rutina universitaria, reaparece el viejo recurso de la "responsabilidad institucional": el llamado a la calma, a no "desbordar", a no incomodar demasiado a las autoridades.

Pero la realidad es bastante más brutal que sus intervenciones en asambleas. Docentes y no docentes cobran salarios de indigencia y cada vez más estudiantes tienen que hacer cuentas para ver si pueden pagar la Sube para ir a cursar. En ese cuadro, salir a deslegitimar una toma no es un matiz ni un problema de caracterización: una vez más es una decisión política de alinearse con el orden universitario que administra el ajuste.

Cuando llega el momento de elegir entre organizar la lucha o preservar la "normalidad" institucional, queda claro de qué lado se ubican las agrupaciones de color verde.

Cuando la universidad mira para otro lado

La historia reciente muestra que existe otro camino. Mientras en la universidad abundan las mesas de negociación y las declaraciones diplomáticas, sectores enteros de trabajadores vienen protagonizando luchas que marcan una orientación completamente distinta.

Los trabajadores del Hospital Garrahan han defendido sus condiciones laborales enfrentando el ajuste con organización desde abajo, arrancando así un 61% del salario básico. Por otro lado, los obreros de Fate vienen dando una lucha ejemplar contra los despidos y el ataque patronal, con más de 20 días de toma y una justicia que tuvo que penalizar a Madanes por no cumplir con la conciliación obligatoria y los pagos de salarios.

Estas luchas tienen un rasgo común: independencia política, organización desde las bases y una orientación clasista y combativa. Exactamente lo contrario de la política que domina hoy en buena parte del movimiento estudiantil universitario y que particularmente reina en Ciencia Política.

Una conclusión incómoda

El paro docente y no docente que plantea el no inicio del cuatrimestre deja al descubierto una realidad incómoda para muchos sectores tanto del radicalismo como del peronismo: la defensa de la universidad pública no puede quedar en manos de quienes la han venido administrando mientras se deteriora y han replicado el ajuste.

En Ciencia Política, esto implica sacar una conclusión política clara. No alcanza con discursos progresistas ni con oposiciones de ocasión. Hace falta construir una organización estudiantil independiente del régimen universitario y dispuesta a enfrentar realmente el ajuste.

Porque si algo muestran las luchas del Garrahan y de Fate es que los derechos no se negocian en mesas cerradas: se conquistan con organización y lucha.

La universidad pública necesita exactamente eso. Y en Ciencia Política, más que nunca, es hora de ponerlo en práctica.

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