Universidad
14/10/2026
El DNU 70/23 y lo que está en juego para Exactas y Naturales
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Este jueves 15/10 Diputados tiene una sesión especial donde el DNU 70/2023 es uno de los temas centrales. Es buen momento para repasar qué dice este decreto de 366 artículos y qué nos toca a quienes estudiamos ciencias exactas, naturales y de la vida.
Salió el 21 de diciembre de 2023. El Senado lo rechazó el 14 de marzo de 2024 (42 a 25), pero según la Ley 26.122 tienen que rechazarlo las dos cámaras para que caiga, pero en la Cámara de Diputados esa discusión nunca prosperó. Por eso gran parte sigue vigente.
Pese a los intentos de frenarlas mediante judicialización, las medidas vigentes impactan de lleno en las carreras de ciencias exactas, naturales y de la vida, y en el sistema científico-tecnológico en general, con reducciones presupuestarias y de estructura, y precarizan las condiciones de vida.
Desmantelamiento del desarrollo y del sistema científico-tecnológico
El gobierno nacional derogó la Ley 27.113 y con ella la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap), con su cierre se pierden empleo calificado, investigación aplicada y becas. La Anlap promovía la investigación, desarrollo y producción pública de medicamentos e insumos junto con universidades y el Conicet.
La Ley de Promoción Industrial (Ley N° 21.608), también eliminada, debía fomentar la radicación de industrias en distintas provincias del país mediante beneficios fiscales. Sin promoción para que se instalen plantas químicas, petroquímicas, biotecnológicas o de nuevos materiales, la demanda de profesionales STEM se reduce drásticamente.
En tanto, mediante este DNU fueron derogados 28 artículos de la Ley 27.437 de Compre Argentino, quitando a los proveedores locales de tecnología e infraestructura la prioridad en las compras del Estado.
Para cerrar este primer eje, el decreto obliga a que todas las sociedades o empresas con participación del Estado se transformen en Sociedades Anónimas, habilitando la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), reactor de investigación RA-10 y la habilitación de activos de la CNEA.
Más libertad, menos soberanía y menos investigadores
También quedaron eliminados el Banco Nacional de Información Minera sobre Equipamiento y Recursos Humanos (Ley N° 24.695), que sistematizaba el equipamiento técnico y las capacidades del personal para futuros emprendimientos y políticas de empleo calificado; los fondos fiduciarios y regímenes de fomento estatal para el desarrollo de energías renovables (paneles solares, eólica) a pequeña escala; el Título VI derogó leyes vitivinícolas, la Corporación Nacional de Olivicultura, la ley algodonera y otras, y recortó funciones al INYM, al eliminar el rol del Estado en estas cadenas, se cortan las líneas de investigación asociadas al INTA y a las universidades dejando el control ecológico y genético exclusivamente en manos de un par de corporaciones del agronegocio multinacional.
Además de buscar derogar la Ley N° 26.737 (Ley de Tierras), este DNU modifica el artículo 609 del Código Aduanero que prohíbe al Poder Ejecutivo establecer cupos a las exportaciones por motivos económicos. Esto consolida un modelo puramente extractivista; no es lo mismo un país que exporta carbonato de litio crudo o petróleo sin procesar, que un país que exige industrializar una parte de eso internamente.
Precarización de nuestras vidas
Nuestras carreras de por sí implican una carga horaria part-time, planificación a mediano y largo plazo y cierta estabilidad económica que nos permita llevar adelante las actividades relacionadas a la misma, este DNU presentó las bases de lo que este año conocimos como “reforma laboral” que flexibiliza las obligaciones patronales en detrimento de los derechos de les trabajadores.
Al mismo tiempo, la inserción laboral se vuelve cada vez más difícil cuando el sistema científico-académico es víctima del recorte presupuestario más abrupto de los últimos 20 años y el sector industrial no deja de achicarse. La escasez de oportunidades laborales y salarios que no cubren la canasta básica son un impedimento para tener una proyección a futuro, tanto personal como profesionalmente, en un contexto donde, modificada la Ley de Alquileres, no sabemos ni podemos planificar dónde vamos a vivir en tres meses.
Lo judicializado tampoco es seguro
El capítulo laboral (arts. 53 a 97) fue suspendido y declarado inconstitucional por la Cámara del Trabajo, pero la Corte todavía no resolvió. Por si fuera poco, la Ley de Tierras es la fehaciente prueba que no podemos confiar en la Corte Suprema que, mientras en París sucedía la Argentina week en busca de inversionistas, suspendió su vigencia sin referirse a su constitucionalidad. La ley estuvo derogada 10 días, dadas las condiciones en las que va a volver a tratarse el DNU -este 15 de octubre, mismo día que la marcha universitaria-, la Corte dio marcha atrás y volvió a poner en vigencia la ley en un intento de frenar la enorme y álgida movilización que se viene.
Sin embargo, recientemente el Observatorio de Tierras de la UBA dió a conocer que durante los 10 días que la ley estuvo derogada una inmobiliaria rural puso en venta para extranjeros un total de 3 mil hectáreas con lago, laguna y acceso a 16km de costa de río en Chubut.
¿Qué sigue?
Está claro que nuestra principal medida de fuerza es salir a las calles este jueves 15 para exigirles a los diputados que deroguen el DNU, y exigirles a las conducciones de los centros de estudiantes que convocan a asambleas para crear agendas de organización y articulación estudiantil, con medidas radicalizadas: que incluyan a todos los estudiantes.
Pero también tenemos otra tarea: debemos organizar una lucha de conjunto con los trabajadores y trabajadoras del sector que ponga un freno al ajuste y al desmantelamiento del sistema científico y tecnológico. Resulta evidente, más que nunca, que el futuro no se espera: se conquista. Y lo haremos con los trabajadores y las trabajadoras, con los centros de estudiantes, con cada compañero y compañera que entienda que este presente nos exige estar a la altura.
