En estas horas comenzó a viralizarse una guía elaborada por el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires que “instruye” a docentes y alumnos de las escuelas sobre “cómo actuar cuando una fuerza de seguridad solicita información o ‘retirar’ a un alumno del establecimiento”. En el material, se señala que la Policía de la Ciudad, Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía Federal están “autorizadas” para “requerir la detención de un estudiante con orden judicial y, como excepción, sin ella” (en el caso de delitos en flagrancia) y se establece que “si se cumple con lo anterior, las autoridades de la escuela no deberán interferir con el accionar de las fuerzas de seguridad”, procurando tomar datos de la fuerza y dar avisos a familiares y abogados defensores.

Tras el repudio generalizado, el organismo emitió un comunicado en el que aseveraba que el material no reflejaba su posición y que “el MPD siempre condenó cualquier forma de intervención de las fuerzas de seguridad en las escuelas”. Sin embargo, los referentes del MPD que hablaron con Prensa Obrera señalaron que el material en cuestión es un “complemento a charlas que se vienen dando desde hace dos años” que “se difundió de manera extraoficial” y que aplicaría a “cualquier delito que requiera detención”. El material incluye explícitamente entre estos el de “usurpación”, con el que han sido calificadas en el pasado las tomas estudiantiles.

La gremial docente porteña Ademys denunció en un comunicado el material, que bajo la cubierta de un “manual de instrucciones” establece una intimidación política contra el estudiantado y sus medidas históricas de lucha, y contra cualquier autoridad que se rehúse a entregar a los alumnos a las fuerzas represivas.

El gobierno porteño viene multiplicando las incursiones de agentes represivas en las escuelas, como parte de una extendida persecución contra el estudiantado. En 2017, policías ingresaron o intentaron ingresar en numerosos colegios, en particular en los establecimientos ocupados como parte del estudiantazo contra la reforma antieducativa del macrismo –entre ellos el Mariano Acosta, la Técnica 27, el Manuel Belgrano, el Liceo 9 y el Antonio Devoto. Junto con ello, el ministerio de Educación dirigido por Soledad Acuña reflotó en ese momento un protocolo que la Justicia había dejado sin efecto años atrás, en el que se instaba a los directores a “concurrir inmediatamente a la comisaría” en caso de toma del establecimiento educativo, y promovió las denuncias de “usupación” contra los estudiantes.

Desconociendo el fallo de la jueza Elena Liberatori que determinaba la constitucionalidad de las tomas, el gobierno de Rodríguez Larreta volvió a la carga con un protocolo anti-tomas en febrero de este año, y continuaron las acciones de este tipo: como destaca Ademys, “ya en el día previo al tratamiento del aborto en Diputados, la Policía entró a una escuela secundaria ocupada a desalojar a las pibas y pibes al grito de ‘acá se acabaron los derechos’” –en el marco de una ofensiva más general de la cartera de Acuña contra los secundarios en lucha por este derecho.

El clima de persecución policial al estudiantado se vive también en otros niveles, como mostró la represión que el martes 26 sufrieron los estudiantes de la Fuba que protestaban contra el fraude de Franja Morada y el macrismo –con agentes ingresando al rectorado, en violación de la autonomía universitaria.

En respuesta a la aparición del material, el legislador porteño Gabriel Solano señaló que “desde el Frente de Izquierda venimos acompañando la lucha de docentes y estudiantes en defensa de la educación pública y defendemos su derecho a tomar medidas de lucha, incluyendo las permanencias en las escuelas” y que “denunciaremos esta ofensiva represiva en la Legislatura y hacemos responsable al gobierno por la integridad física de los estudiantes”.