Santa Fe: Pullaro da un salto en el Estado policial con amplios poderes a la Policía para requisas de rutina

En una nueva escalada represiva, la Legislatura de la provincia de Santa Fe sancionó la ley que obliga a la población a exhibir su teléfono móvil y el número de Identidad Internacional de Equipo Móvil (IMEI) ante el simple requerimiento de cualquier efectivo policial en la vía pública. Esta medida, impulsada por el oficialismo, otorga carta blanca a las fuerzas de seguridad para interceptar a cualquier ciudadano —haya o no cometido un delito, haya o no una sospecha fundada— como parte de los "controles de rutina".

El nivel de discrecionalidad es absoluto. Si una persona se niega a entregar su dispositivo o a mostrar el código de quince dígitos, la Policía queda facultada para decomisar el aparato en el acto. El argumento oficial —combatir el robo y la venta ilegal de celulares— es una excusa para encubrir la instauración de un Estado policial de hecho. Esta nueva potestad no tiene como blanco desmantelar las redes del crimen organizado, sino que está diseñada para disciplinar socialmente a la juventud, los trabajadores y las barriadas populares, los sectores más golpeados por la miseria.

El salto represivo que representa esta ley abre la puerta a un negocio de extorsión institucionalizado. Otorgar a la Policía el poder de exigir un dispositivo privado bajo amenaza de incautación habilita la coima directa. La cana te puede exigir dinero para no retener el teléfono alegando que figura en el registro de robados, sin ninguna instancia de control.

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Pero el articulado va más allá del hostigamiento callejero. La normativa autoriza a la Policía a allanar domicilios y locales comerciales sin orden judicial. Entregarle estas facultades extraordinarias a una fuerza que acumula casi 4.000 causas penales anuales (MPA 2024) por delitos cometidos en funciones y garantiza la impunidad de 11 investigaciones diarias— es una provocación criminal. Lejos de tocar los grandes intereses narco o  lavado de dinero en el sistema del juego y financiero, Pullaro arma a su policía con herramientas de extorsión masiva.

Del oficialismo al PJ: todos colaboran con el andamiaje represivo de Pullaro

La sanción de esta ley expuso, una vez más, la profunda comunión política de los partidos tradicionales a la hora de reforzar el aparato represivo. El oficialismo de Unidos para Cambiar Santa Fe, con la UCR y el Partido Socialista a la cabeza, encontró en la bancada del PJ en el Senado (encabezada por el senador Armando Traferri) acompañamiento de la medida que no es aislada.

El paquete represivo incluye otras 10 leyes de reformas en materia de seguridad, que le da más poder a policía y fiscales, que responden al Poder Ejecutivo, en detrimento del debido proceso judicial.

Estamos frente a un peligroso salto en las facultades represivas de la policía y el Estado, cuando esto ya se sufre en las barriadas populares con allanamientos y apremios policiales solo por ser vecino de alguno de esos barrios.

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prensaobrera.com