19/11/20267 min lect.

Baterías de litio en Fate: Madanes pone en peligro el ambiente y la salud de los vecinos y trabajadores

Una reconversión contra los trabajadores.

Madanes Quintanilla.

Madanes Quintanilla pretende instalar 36 contenedores de baterías de litio en el predio de Fate, en Virreyes, en medio de un enorme conglomerado de barrios obreros. El proyecto de almacenamiento de energía de Aluar se ubicaría junto a la Planta Depuradora Norte de AySA, a metros del Colegio Madre Teresa y del Hospital Municipal San Cayetano. Una iniciativa que despierta una profunda preocupación ambiental y sanitaria y que pone en discusión los riesgos que deberá afrontar toda una comunidad.

La ubicación del emprendimiento es uno de los aspectos más graves de la denuncia. Las baterías se proyectan frente a los barrios Fate, Santa Catalina y Fondo de Virreyes, en una zona densamente poblada. No se trata de una instalación aislada, lejos de las viviendas y de los servicios públicos, sino de un proyecto que pretende emplazarse junto a una planta de tratamiento de agua, una escuela y un hospital. ¿Qué ocurriría ante un incendio, una fuga o un accidente? ¿Qué garantías existen para los vecinos, los estudiantes, los pacientes y los trabajadores de la zona? Estas preguntas todavía requieren respuestas públicas y documentadas.

Las baterías de litio no son una tecnología inocua. Uno de los principales riesgos de estos sistemas de almacenamiento es la posibilidad de una fuga térmica: una falla eléctrica, un cortocircuito, un daño o un sobrecalentamiento pueden desencadenar una reacción que eleve descontroladamente la temperatura y se propague entre las celdas y los módulos. Esto puede provocar incendios difíciles de controlar, con posibilidad de reignición incluso después de que las llamas hayan sido aparentemente extinguidas.

A esto se suma la liberación de gases tóxicos e inflamables durante determinados incidentes. La exposición a estas sustancias puede afectar seriamente la salud de las personas y exige protocolos específicos de detección, aislamiento, evacuación y respuesta de emergencia. También existe el riesgo de que los residuos de las baterías dañadas y las aguas utilizadas para combatir un incendio generen contaminación del suelo y del agua. La magnitud de estos peligros depende de la química de las baterías, su diseño y las condiciones de la instalación, información que debe conocerse antes de autorizar el emprendimiento.

El riesgo ambiental también alcanza directamente a los trabajadores de Fate. No se puede discutir la instalación de estas baterías sin contemplar a quienes desarrollaron allí su actividad laboral durante años y hoy sostienen la permanencia en defensa de sus puestos de trabajo. Un incendio, una fuga de gases tóxicos o cualquier contingencia podría afectar no solamente a los barrios cercanos, sino también a los trabajadores que se encuentran en el predio. Madanes Quintanilla debe responder por las condiciones de seguridad de toda la instalación y garantizar que ninguna actividad ponga en peligro la salud y la integridad física de los trabajadores. La defensa del ambiente también es una reivindicación obrera: no puede haber puestos de trabajo ni producción a costa de exponer la vida.

Por eso, la cercanía de la Planta Depuradora Norte de AySA, el Colegio Madre Teresa y el Hospital Municipal San Cayetano no es un dato secundario. La población tiene derecho a saber qué tecnología se pretende instalar, cuál será su capacidad de almacenamiento, qué distancias de seguridad se contemplan, qué sistemas de prevención y extinción de incendios se utilizarán y qué planes de evacuación existen. También deben hacerse públicos los estudios de impacto ambiental y los protocolos ante posibles contingencias. No puede quedar en manos de la propia empresa la evaluación de los riesgos que deberá afrontar toda una comunidad.

La preocupación no es exclusiva de los vecinos de Virreyes. En Ingeniero Maschwitz, el intento de instalar un centro de almacenamiento eléctrico con grandes baterías de litio en una zona residencial provocó el levantamiento y la movilización de los vecinos, que salieron a rechazar el proyecto. La experiencia muestra que las comunidades no están dispuestas a aceptar que se decida sobre su salud y su ambiente a espaldas de quienes viven en esos territorios. En Fate es necesario desarrollar también una organización común de los barrios para frenar este emprendimiento.

La instalación proyectada en Fate tampoco puede analizarse como un hecho aislado. Forma parte de un escenario de expansión de los negocios energéticos impulsado por el gobierno de Javier Milei. El programa AlmaGBA, promovido por la Secretaría de Energía de Nación, contempla once proyectos de almacenamiento eléctrico mediante baterías en distintos puntos del AMBA, entre ellos el de Ingeniero Maschwitz. Mientras el gobierno promueve estas inversiones y ofrece beneficios a los grandes capitales mediante el Rigi, las comunidades reclaman información, controles y garantías ambientales. El modelo extractivista de Milei pone los recursos y la infraestructura al servicio de los monopolios, mientras los trabajadores y los vecinos quedan expuestos a sus consecuencias.

El proyecto energético de Aluar se monta, además, sobre un conflicto obrero que lleva nueve meses. Madanes Quintanilla sostiene un lockout patronal en Fate, dejando a 920 familias sin sus puestos de trabajo y golpeando a toda la economía barrial. La paralización de la fábrica afecta a comercios, proveedores, transportistas y pequeños emprendimientos que dependían de su actividad. Mientras los trabajadores del neumático, organizados en el Sutna, pelean por la reapertura y la continuidad productiva, la patronal pretende avanzar con otro negocio en el mismo predio.

Una reconversión contra los trabajadores

No estamos frente a una reconversión productiva que garantice empleo ni frente a una transición energética al servicio de las necesidades sociales. Madanes busca ampliar sus negocios en el sector energético mientras mantiene paralizada una fábrica que durante décadas produjo neumáticos y sostuvo a cientos de familias. Aluar, monopolio del aluminio en Argentina, depende mayoritariamente de la energía de la represa Futaleufú, cuya concesión fue extendida por un decreto presidencial. Como señala la denuncia de Prensa Obrera, el mismo empresario que mantiene el lockout de Fate continúa obteniendo beneficios y ampliando sus negocios energéticos. La rentabilidad patronal no está en crisis: lo que se destruye son los puestos de trabajo y las condiciones de vida de la población.

La política de Madanes también quedó expuesta en materia de seguridad laboral. Como denunció Prensa Obrera, la patronal mandó a soldar con chapas las salidas de emergencia de Fate, dejándolas inutilizadas y generando el riesgo de una tragedia ante cualquier siniestro. Esto ocurrió en medio de provocaciones y ataques con productos químicos tóxicos contra las carpas donde los trabajadores sostienen la permanencia en defensa de sus puestos de trabajo. La denuncia del Sutna advierte sobre el desprecio de la patronal por la vida de los trabajadores y su organización. La misma empresa que pone en riesgo la seguridad dentro de la fábrica pretende ahora instalar un emprendimiento que compromete la seguridad ambiental de los barrios cercanos.

El problema de fondo es qué modelo energético y productivo se está desarrollando. La transición energética no puede ser una pantalla para que los monopolios amplíen sus negocios mientras se destruye la producción industrial, se ataca a los trabajadores y se exponen comunidades enteras a riesgos ambientales. La energía, los recursos naturales y la infraestructura no pueden quedar subordinados a la rentabilidad de un puñado de empresarios.

Exigimos que se dé a conocer integralmente el proyecto de Aluar, que se publiquen los estudios de impacto ambiental, la composición y características de las baterías, los protocolos de seguridad y los planes de emergencia. Ninguna instalación de estas características puede avanzar sin información pública y garantías concretas para la población.

La lucha del Sutna y de los trabajadores de Fate por la reapertura de la fábrica y la defensa de los puestos de trabajo tiene que confluir con la organización de los vecinos contra la instalación de las baterías. Son dos caras de una misma pelea: enfrentar a una patronal que sostiene un lockout para atacar la organización obrera y, al mismo tiempo, pretende avanzar con negocios energéticos sin responder por sus consecuencias sociales y ambientales.

Que no sean los trabajadores y los vecinos quienes paguen los costos de los negocios de Madanes Quintanilla. Defender los puestos de trabajo, la producción, la salud y el ambiente exige enfrentar los intereses capitalistas que colocan sus ganancias por encima de la vida de la población.

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