Discapacidad: una ley atravesada por los acuerdos de gobernabilidad
El Senado aprobó un nuevo régimen que no resuelve la emergencia ni las demandas del colectivo.
Con 71 votos afirmativos y ninguno en contra, el Senado convirtió en ley el nuevo régimen de discapacidad. Que algunas de las demandas del colectivo hayan sido incorporadas al texto aprobado no es una concesión del gobierno ni el resultado de la buena voluntad de los bloques parlamentarios: es una conquista de la organización, la movilización y la lucha que las personas con discapacidad, sus familias, trabajadores y prestadores venimos sosteniendo.
La compatibilidad entre la pensión y el trabajo registrado, la continuidad de las prestaciones básicas y otros resguardos contemplados en la nueva normativa son resultado de reclamos que fueron defendidos en las calles. Sin esa lucha, difícilmente hubieran sido incorporados.
Pero reconocer esas conquistas no significa dejar de señalar los límites de la ley ni el carácter de los acuerdos políticos que permitieron su aprobación. El nuevo régimen fue negociado entre el oficialismo y los bloques opositores, sin una participación real de las personas con discapacidad. Una vez más, quienes tenemos que vivir las consecuencias de estas decisiones quedamos afuera de la discusión.
De una ley conquistada en las calles a una negociación entre bloques parlamentarios
La Ley de Emergencia en Discapacidad fue una conquista de la organización y la movilización de las personas con discapacidad, sus familias y trabajadores del sector. No fue una iniciativa generosa del poder político: fue el resultado de años de reclamos, denuncias y lucha frente al vaciamiento de las políticas públicas, el atraso de los aranceles, la precarización de les prestadores y el deterioro de las condiciones de vida de miles de personas.
Esa ley fue construida e impulsada desde las necesidades concretas del colectivo, a partir de las experiencias y propuestas de organizaciones de y para personas con discapacidad. Sin embargo, desde su sanción, el gobierno de Milei hizo todo lo posible por impedir su aplicación. Primero la vetó y, luego de que el Congreso insistiera con su aprobación, demoró y obstaculizó su implementación con argumentos presupuestarios, al punto de nunca llegar a cumplirla en su totalidad.
La emergencia nunca llegó a resolverse. Se continuaron acumulando demoras en los pagos a prestadores, las pensiones siguen siendo insuficientes, las instituciones atraviesan una situación crítica y las personas con discapacidad continúan enfrentando barreras para acceder a derechos básicos.
La nueva ley, presentada como una solución superadora y permanente, fue elaborada mediante negociaciones entre funcionarios y bloques parlamentarios, sin una participación efectiva de las personas con discapacidad. Se discutió a espaldas de quienes tenemos que vivir sus consecuencias. No se trata de un detalle formal: expresa una concepción política que considera que otros pueden decidir sobre las vidas de las personas con discapacidad sin su intervención.
El principio de "Nada sobre nosotres sin nosotres" no puede reducirse a escuchar testimonios o convocar consultas ocasionales. Las personas con discapacidad tienen que ser protagonistas de la elaboración, discusión, aplicación y control de las políticas públicas que las involucran.
La Ley de Emergencia era un piso mínimo, no una solución integral ni un techo para los reclamos. Su reemplazo por un nuevo régimen no puede borrar las reivindicaciones que siguen pendientes ni desconocer que los avances incorporados fueron arrancados mediante la lucha colectiva.
Una ley sin presupuesto es papel mojado
La aprobación de una ley no garantiza por sí misma que los derechos se cumplan. La experiencia reciente lo demuestra: la Ley de Emergencia fue sancionada, pero el gobierno se negó a garantizar su aplicación efectiva.
El Presupuesto 2027 vuelve a poner en evidencia esta contradicción. Mientras el Congreso aprueba un nuevo régimen de discapacidad, el gobierno sostiene una orientación de ajuste que compromete los recursos necesarios para financiar las prestaciones, garantizar los apoyos y sostener las instituciones.
No alcanza con escribir derechos en una ley si después no se asignan los fondos necesarios para hacerlos efectivos. Sin financiamiento suficiente, sin actualización de los recursos y sin mecanismos de control sobre su ejecución, cualquier reconocimiento legal corre el riesgo de convertirse en papel mojado.
Por eso, las organizaciones de personas con discapacidad rechazamos el Presupuesto 2027. No alcanza con proclamar una supuesta solución para la discapacidad mientras se mantienen las políticas de ajuste que deterioran las condiciones de vida del colectivo. Este miércoles 25 nos movilizamos al Congreso para rechazar el presupuesto de ajuste.
Tampoco puede dejarse de lado el escándalo de corrupción que atraviesa a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), un organismo que debía garantizar derechos y terminó involucrado en una de las denuncias más graves contra el gobierno de Milei.
La difusión de los audios atribuidos al entonces titular de la Andis, Diego Spagnuolo, expuso un presunto esquema de retornos y coimas en las compras de medicamentos e insumos. En esas grabaciones se mencionaba un supuesto circuito de recaudación del 8% y que un 3% llegaría a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. También aparecían referencias a Eduardo «Lule» Menem y a la droguería Suizo Argentina.
A esto se suma la auditoría realizada sobre la gestión de la Andis, que detectó un desfasaje de más de 158.000 millones de pesos entre los registros de deuda de distintas áreas del organismo. Se trata de diferencias millonarias que quedaron bajo la lupa judicial y que exponen la falta de transparencia y los problemas de control en la administración de los recursos destinados a discapacidad.
Resulta particularmente escandaloso que, mientras las personas con discapacidad eran sometidas a auditorías, citaciones, suspensiones y bajas de pensiones, el organismo encargado de administrar las políticas del sector quedara atravesado por denuncias de corrupción y negociados millonarios.
El contraste es todavía más evidente si se recuerda la campaña pública que encabezó el gobierno para justificar las auditorías. En julio de 2024, el entonces vocero presidencial Manuel Adorni exhibió una radiografía de un perro para presentar como ejemplo del supuesto fraude en las pensiones por discapacidad.
Mientras el gobierno utilizaba ese episodio para instalar sospechas generalizadas sobre las personas con discapacidad, las auditorías avanzaban con procedimientos cuestionados, notificaciones que no llegaban a sus destinatarios y citaciones en lugares inaccesibles o alejados de los domicilios de los beneficiarios.
Según los datos oficiales, más de 110.000 pensiones llegaron a ser suspendidas desde que asumió el actual gobierno. Esto se traduce en miles de personas sin acceso a derechos básicos y libradas a su suerte.
La pregunta resulta inevitable: ¿con qué autoridad un gobierno que sometió a miles de personas con discapacidad a semejante persecución administrativa puede presentarse como garante de la transparencia, mientras el propio organismo de discapacidad administrado por ellos mismos queda involucrado en una investigación por coimas, sobreprecios y desvíos?
No puede haber impunidad ni utilización de la discapacidad como terreno de negocios.
La oposición que garantiza la gobernabilidad de Milei
La aprobación unánime de esta ley no puede analizarse por fuera de la situación política general. Como lo señalamos en la nota que hicimos cuando se aprobó esta misma ley en Diputados, el pacto parlamentario permitió al gobierno avanzar con su agenda. Milei no sostiene su iniciativa política únicamente por la fuerza propia de su bloque, sino también por el respaldo de sectores que se presentan como opositores y que, en los hechos, le garantizan la gobernabilidad.
El acuerdo alrededor de la nueva ley de discapacidad vuelve a mostrar esta dinámica. Los mismos bloques que cuestionan públicamente al gobierno terminan negociando con él y ofreciendo los votos necesarios para construir acuerdos. En nombre del consenso y de una supuesta responsabilidad institucional, se termina convalidando una política que sigue poniendo el ajuste por encima de las condiciones de vida de las personas con discapacidad.
No hay motivos para depositar confianza en el gobierno de Milei ni en los bloques políticos que le garantizan la gobernabilidad. No puede olvidarse que fue este mismo oficialismo el que vetó la Ley de Emergencia y obstaculizó su cumplimiento. Tampoco pueden depositarse expectativas en quienes negociaron a espaldas del colectivo y ahora pretenden presentar el resultado como una solución definitiva.
La desconfianza hacia el gobierno no es una posición abstracta. Está respaldada por sus propios antecedentes: el veto a la Ley de Emergencia, el incumplimiento de su aplicación, las auditorías que dejaron a miles de personas sin ingresos, las denuncias de corrupción en la Andis, las investigaciones sobre las coimas y los sobreprecios y las diferencias millonarias detectadas en los registros del organismo.
El gobierno que exige explicaciones y documentación a las personas con discapacidad tiene que dar explicaciones por los fondos públicos que administró. Los bloques parlamentarios que acuerdan con el oficialismo tampoco pueden desentenderse de estos antecedentes ni presentar sus negociaciones como una garantía de derechos.
Reconocer que la lucha colectiva arrancó conquistas no significa depositar confianza en quienes las incorporaron a una ley. Al contrario: demuestra que la organización independiente es el camino para defenderlas y avanzar por todo lo que falta.
La emergencia continúa: los derechos se conquistan y se defienden en las calles
La nueva ley deja sin resolver demandas fundamentales. Siguen pendientes pensiones no contributivas que permitan vivir dignamente, empleo genuino y cumplimiento efectivo del cupo laboral del 4%, acceso a una vivienda, apoyos para la vida independiente y la autonomía, y el derecho a elegir dónde y con quién vivir.
También siguen pendientes condiciones laborales dignas para quienes trabajamos en el sistema de prestaciones, actualización de los aranceles, regularización de los pagos y financiamiento para las instituciones y los espacios de atención.
Ninguno de estos derechos puede quedar librado a la voluntad de un gobierno que ajusta ni a los acuerdos de bloques parlamentarios que negocian sin la participación de quienes son directamente afectados.
La experiencia de estos años dejó una conclusión clara: cada avance fue resultado de la organización y la lucha. La Ley de Emergencia no fue una concesión del gobierno; fue una conquista arrancada en las calles. Y su incumplimiento demuestra que no se puede confiar en las promesas de quienes gobiernan ni en los acuerdos parlamentarios que se presentan como soluciones.
La aprobación de esta nueva ley no cierra la emergencia. Las conquistas alcanzadas son resultado de la lucha colectiva y deben ser defendidas. Pero la pelea sigue abierta hasta conquistar todos los derechos que todavía se les niegan a las personas con discapacidad.
Frente a un gobierno atravesado por denuncias de corrupción, que ajusta sobre el colectivo y pretende decidir sobre sus vidas sin su participación, la respuesta tiene que ser la organización independiente, la movilización y la lucha.
Ningún acuerdo parlamentario puede reemplazar la participación protagónica de las personas con discapacidad. Ninguna ley puede considerarse una solución mientras no se garanticen efectivamente todos los derechos.
Los derechos se conquistan y se defienden en las calles. ¡Nada acerca de nosotres sin nosotres!


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