21/11/20266 min lect.

El Presupuesto 2027 de Milei-Caputo con dictamen en medio de la tormenta

Impulsemos una gran movilización para derrotarlo

Cámara de Diputados

El martes 17 de noviembre, el oficialismo logró sacar adelante el dictamen de mayoría del Presupuesto 2027 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, reuniendo las firmas de La Libertad Avanza junto al PRO, la UCR, el MID y diputados de bloques provinciales del peronismo: Picón Martínez (Producción y Trabajo, San Juan), Fernández (Independencia, Tucumán) y Nóblega (Elijo Catamarca).

La intención declarada de la Casa Rosada es llevarlo al recinto el próximo miércoles 25 de noviembre. Sin embargo, apenas un día después de ese despacho, el miércoles 18, se cayó la sesión convocada por el oficialismo en Diputados por falta de quórum, un revés parlamentario que dejó en duda si el calendario oficialista podrá sostenerse tal como fue planificado.

Si bien la sesión del 25 continúa sin convocarse, y por estas horas no hay trascendidos sobre su concreción o no, también es cierto que unas horas después de la caída de la sesión en diputados el gobierno se anotó un poroto importante, cuando consiguió dictamen en el Senado para su reforma electoral, que buscaría aprobar el 26 de noviembre en el recinto. Un dato relevante de esto es que lo hizo con las firmas de Provincias Unidas, el mismo espacio que no le dio el número en Diputados en protesta por los cargos del Consejo de la Magistratura. Al día siguiente, el oficialismo también se anotó una sesión en el senado que le otorgó sanción definitiva a la ley de entrega colonial de tierras y desalojos, la adhesión, también definitiva, al tratado de patentes que reclamaba EEUU, entre otros puntos. El apoyo de los “aliados” es trascendental para la suerte del gobierno, y, con distintos episodios, muestra un apoyo más general de la burguesía al gobierno.

Volviendo al dictamen de Presupuesto, cabe destacar que en las negociaciones previas, empujado por la presión de un tema que hace tiempo ocupa un lugar importante en la agenda pública por los ataques del gobierno libertario, el oficialismo debió retirar el capítulo orientado a desguazar el sistema nacional de discapacidad. Pero ese retroceso puntual, y algunas modificaciones menores, no alteran el carácter de fondo del proyecto. Como lo denunció Romina Del Plá en su intervención en comisión, se trata de “un presupuesto de ajuste, endeudamiento y entrega nacional, concebido para sostener a rajatabla el superávit financiero, los compromisos con los acreedores y las exigencias del Fondo Monetario Internacional”.

Una reconversión capitalista a medida del imperialismo

La clave política y económica del proyecto aparece explícita en la página 24 del mensaje del Ejecutivo, donde se plantea que la economía argentina atraviesa una "transformación de su matriz productiva". Lejos de una reactivación general o de un impulso al empleo, al consumo y a la producción, esa reconfiguración expresa una reconversión capitalista a medida del imperialismo, que particularmente se dirige contra los trabajadores. Los golpes a la “industria nacional”, como el caso del cierre de Fate y los 920 despidos, afectan de forma muy diferente a los trabajadores, que resisten ocupando la fábrica y luchando hace 9 meses, y a los capitalistas, que, como Madanes Quintanilla, reconvierten sus negocios. A esto se suma un retroceso profundo en la construcción y una depresión del mercado interno, mientras se privilegia a sectores extractivos y exportadores como el litio, Vaca Muerta y el agronegocio.

Pero alcanza con ver los números de estos sectores “estrella” del gobierno para ver que incluso en sus propios términos se trata de un fracaso. En la minería se perdieron 8.300 puestos de trabajo formales, porque la explotación de litio no compensa el derrumbe de las canteras por el freno de la obra pública y la construcción. Vaca Muerta no compensa los despidos en los pozos convencionales del Golfo San Jorge. Y el agro tiene menos empleo registrado que en 2023.

A la vez, el propio texto oficial exhibe su fragilidad en las páginas 75 y 76 al enumerar los riesgos externos que condicionan todo el plan económico: el clima, el precio de la soja, el precio del petróleo, la tasa de interés en Estados Unidos y las oscilaciones del tipo de cambio nominal, variables que el gobierno no controla. Ese cuadro se vuelve todavía más explosivo cuando se mira la situación financiera y cambiaria: este viernes 20 de noviembre el riesgo país volvió a superar los 1.000 puntos, en un escenario atravesado por la fuga de capitales, presiones devaluatorias, recesión económica y el fantasma latente de un default.

Para 2027, el gobierno enfrenta vencimientos de deuda por 21.500 millones de dólares, entre acreedores privados, el FMI y BOPREAL, equivalentes a cerca del 40% de las reservas brutas, y solicita autorización para emitir 34.000 millones de dólares adicionales de deuda en un solo año, lo que equivale casi al 10% del stock total de deuda. Todo esto mientras se multiplican los beneficios impositivos para grandes grupos y se recorta el gasto denominado “social”: el RIGI implica una pérdida de recaudación estimada en 8.500 millones de dólares sólo por los 23 proyectos aprobados y también se otorgan exenciones millonarias en Economía del Conocimiento. Este último beneficio está calculado en 842.556 millones de pesos, que van principalmente a Mercado Libre y Globant, y que significan más del doble de lo que se necesitaría para cumplir con la ley de emergencia pediátrica para el Garrahan. Para coronar el proyecto, el gobierno busca ampliar las facultades discrecionales del Ejecutivo mediante superpoderes y partidas por 14 billones de pesos de libre disponibilidad (Jurisdicción 91 - Obligaciones del Tesoro).

Contra el ajuste, hay que ganar la calle

El impacto negativo sobre los salarios, las jubilaciones, la ciencia, la salud y la educación recorre todo el articulado. En el terreno universitario, por ejemplo, el dictamen ratifica el recorte y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario: asigna poco más de 7 billones de pesos a las universidades nacionales, muy por debajo de los 11 billones que reclama el CIN y de los 15 billones necesarios para cumplir en regla con la norma desde su entrada en vigencia. A eso se suma el ajuste sobre el funcionamiento, las becas, la ciencia y la técnica, los comedores escolares, los medicamentos y los haberes previsionales y asignaciones.

Por eso cobra especial relevancia que, de cara a la votación del Presupuesto, distintos sectores sindicales, como es el caso de las federaciones de docentes universitarios, ya hayan anunciado paro y movilización al Congreso. La pelea contra este presupuesto no puede quedar librada a las roscas parlamentarias ajenas a los trabajadores, o a expectativas de acuerdos de los bloques patronales y la burocracia sindical. El revés del quórum en Diputados muestran fisuras en el armado político que la ha garantizado la gobernabilidad y las distintas iniciativas al oficialismo, mientras que el salto del riesgo país por encima de los 1.000 puntos muestran un plan económico que se choca con sus propias contradicciones. Al mismo tiempo, el gobierno profundiza su política de descargar la crisis sobre la clase trabajadora para garantizar su supervivencia. Hay que redoblar la movilización el 25 de noviembre o el día que se trate el Presupuesto, sumar a los trabajadores ocupados y desocupados, a los jubilados, a la docencia y a la juventud, y construir una salida propia de los trabajadores para enfrentar el ajuste y la entrega. Fuera Milei, por un plan de lucha hasta la huelga general para derrotarlo.

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