Las propuestas de los abogados que están detrás de Vaca Muerta

La grave violación de la soberanía nacional ejecutada al amparo y con la complicidad de los dos últimos gobiernos nacionales y de Neuquén puede reconstruirse a partir de las declaraciones previas de los directivos de la empresa británica que, estando penalizada e inhabilitada para operar en suelo argentino, participa en áreas offshore, en dos áreas de Vaca Muerta y en un proyecto para exportar GNL que goza de las ventajas del Rigi y eximiciones impositivas.

Antes que se ejecutara la maniobra del cambio de nombre y Premier Oil pasara a llamarse Harbour Energy, sus representantes en la Argentina hacían lobby en función de sus intereses.

En plena pandemia, en diciembre del 2020, los integrantes de un estudio jurídico especializado en normativa y políticas energéticas, trazaban los lineamientos de una política estatal para el desarrollo de Vaca Muerta.

Gran parte de esos lineamientos quedaron luego plasmados en diversas normas y acciones de los gobiernos nacionales y provinciales.

Martínez de Hoz & Rueda

Este staff de abogados es caracterizado por medios especializados como el principal referente en asuntos energéticos relacionados con petróleo y gas. La Nación, en una nota del 6/4/2023 titulada “Los abogados detrás de Vaca Muerta”, entrevista a tres de sus socios -Tomás Lanardonne, José Martínez de Hoz y Pablo Rueda- donde ellos mismos afirman que “el 90% de los proyectos de exploración, producción, transporte y distribución vinculados con el sector cuentan con su asesoramiento legal”. La firma fue la primera en abrir una oficina en Neuquén, con un socio a cargo radicado en esa ciudad (Tomás Lanardonne), lo cual perfila el rango de influencia del estudio en los actos de los gobiernos.

Por eso resulta de sumo interés conocer qué proponían en el año 2020. El que habla en un reportaje a Econojournal del 14/12/2020 es Tomás Lanardonne, quien plantea lisa y llanamente “abandonar viejos dogmas como el autoabastecimiento pleno y continuo”.

Hace seis años, el profesional consideraba que “un régimen como el actual no es idóneo para viabilizar proyectos de exportación de petróleo crudo a escala”. De allí que sus “Sugerencias Conceptuales de Modificaciones al Marco Regulatorio” sean “ establecer un marco regulatorio con jerarquía de ley que brinde las siguientes garantías o derechos: 1) Derecho del concesionario a exportar libremente su producción, 2) Garantía de no aplicación de derechos de exportación o cualquier otro tipo de tributo que grave la exportación, 3) Derecho a obtener un permiso de carácter firme que no podrá ser interrumpido por el Estado aun en periodos puntuales de desabastecimiento del mercado doméstico, 4) Derecho a ceder el respectivo permiso de exportación a terceros”.

A lo que suma que una ley “en forma aislada no brindaría incentivos suficientes a los inversores. Es necesario que sea complementado con, por lo menos, una garantía de estabilidad fiscal por un plazo que abarque el desarrollo del proyecto productivo, una garantía de tipo cambiaria, una garantía de acceso a tribunales de arbitraje internacionales para la resolución de disputas entre el Estado y el inversor, y una garantía de libre negociación de un convenio colectivo de trabajo que contemple los intereses del sector trabajador y el sector empresarial”.

Gran parte de este programa de entrega, saqueo y superexplotación de los obreros del sector es la actual política hidrocarburífera.

La relación de Harbour Energy y el estudio jurídico

Para nadie es una novedad que los lobbys -aunque en Argentina no están legislados como en EE. UU.- existen por la propia naturaleza del Estado capitalista. Por lo que lo particular de este caso es que el estudio jurídico habla y representa los intereses de una empresa británica cuya presencia en el país es ilegal.

En el Boletín Oficial de la Nación, con fecha 7/7/2023, se comunica que “Por resolución de Harbour Energy Argentina Limited, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Inglaterra y Gales, con fecha 01/06/2023 se resolvió establecer una sucursal en la Ciudad de Buenos Aires” con “Sede social: Bouchard 680, Piso 19° CABA”. La empresa declara como su “Objeto social: la transacción de todo asunto lícito para el cual pueda crearse una sociedad con responsabilidad limitada en virtud de la Ley de Sociedades Nro. 206 del Reino Unido – en Argentina la Sucursal de Harbour Energy Argentina Limited se dedicará a la exploración y explotación de hidrocarburos. Accionistas: (i) Premier Oil Holdings Limited, tenedor de 95 acciones representativas del 95% del capital social y votos; y (ii) Premier Oil Group Limited, tenedor de 5 acciones representativas del 5% del capital social y votos”.

Tres cosas quedan absolutamente definidas con este edicto. Primero que Harbour Energy es Premier Oil (la empresa inhabilitada para operar en el país). Segundo que se dedicará a la exploración y explotación de hidrocarburos. Y tercero que comparte domicilio legal con el estudio jurídico Martínez de Hoz y Rueda.

A lo que debe agregarse que desde febrero del año pasado Martín Rueda (del estudio jurídico) fue designado director general de Harbour Energy y que Tomás Lanardonne, también socio del estudio jurídico, es su representante legal hace años.

Las huellas dactilares de esa relación y que Harbour Energy es Premier Oil están a la vista desde hace mucho tiempo.

Just in time

La publicación en el Boletín Oficial de la Nación del 7 de julio de 2023 es una decisión empresaria autorizada “según instrumento privado Resolucion del directorio de fecha 01/06/2023”.

Esa no es cualquier fecha. Porque la adquisición de las áreas de Vaca Muerta a Wintershall Dea de parte de Harbour Energy “entró en vigor a partir del 30 de junio de 2023”. Para ese momento Harbour Energy (o sea Premier Oil) debía tener una sociedad creada en el país.

Y así lo hizo, según los términos del artículo 118 de la ley 19.550 que determina que las sociedades constituidas en el extranjero deben “Fijar un domicilio en la República, cumpliendo con la publicación e inscripción exigidas por esta ley”. De allí la publicación en el BON en julio de 2023.

Existe la más absoluta trazabilidad de los pasos legales y fácticos de la empresa británica dentro del país, que sin embargo contaron con la aprobación y el encubrimiento desde el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, cuya secretaria de Energía era Flavia Royón (mediados de 2022 hasta el 10/12/2023). Milei la conservó en el cargo hasta febrero del 2024 en que renunció.

Pero ninguna/o desconocía lo que la propia empresa pirata escribía en su edicto en el BON: soy Premier Oil. Porque ningún gobernante, y menos en la provincia de Vaca Muerta podían desconocer que Premier Oil estaba sancionada e inhabilitada hasta el año 2028.

De modo que cuando dejaron correr el edicto, fingieron no conocer que a partir del 30 de junio del 2023 (pleno período del gobierno de transición conjunto entre Omar Gutiérrez del MPN y el electo ya gobernador Rolando Figueroa) estaba en vigencia que la titular de un porcentaje de dos áreas de Vaca Muerta era Harbour Energy y no Wintershall como fingen que es hasta el momento.

Son los gobiernos el hilo conductor que habilitó el acto de piratería. Y no solo lo habilitó, también lo premió con beneficios estatales de todo tipo.

En el marco de la lucha general por la estatización sin pago y bajo control obrero de toda la industria energética, hay que revertir las concesiones de todas las áreas donde participa Harbour Energy dentro del territorio nacional y exigir un resarcimiento dinerario en divisas.

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