Santa Cruz: una mochila no garantiza una trayectoria educativa

El gobierno Santacruceño de Claudio Vidal anunció con un gran acto la entrega de miles de mochilas, zapatillas y kits escolares para el ciclo lectivo 2027, presentándolo como una política destinada a garantizar las trayectorias educativas.

Por supuesto que los estudiantes deben contar con los elementos necesarios para estudiar. Pero garantizar el derecho a la educación implica mucho más que entregar una mochila.

Mientras el gobierno despliega estos anuncios, la docencia santacruceña atraviesa una profunda crisis salarial. Los salarios no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de una familia, los alquileres llegan a consumir entre el 40% y el 50% de los ingresos y crece el endeudamiento con tarjetas de crédito y financieras para afrontar los gastos cotidianos. A esto se suman las dificultades para acceder a la salud, el deterioro de las prestaciones de la CSS (la obra social estatal) y los problemas con medicamentos y derivaciones.

Los y las docentes también somos trabajadores, madres, padres y sostén económico de nuestras familias. Necesitamos salarios que nos permitan vivir dignamente, sostener a nuestros hijos y recuperar el derecho al descanso y al tiempo libre, sin tener que multiplicar las horas de trabajo para llegar a fin de mes.

Mientras tanto, las escuelas continúan atravesando problemas edilicios y falta de insumos básicos. Durante 2026, instituciones denunciaron no haber recibido elementos tan necesarios como tizas, cuadernos de aula, libros de registro y de asistencia. El programa Hora Más expresa otra contradicción: se pretende ampliar el tiempo escolar mientras se denuncian condiciones laborales precarias y restricciones a derechos tan elementales como las licencias médicas. No se puede garantizar la calidad educativa sobre la precarización de quienes enseñan.

Venimos de un primer semestre atravesado por una enorme lucha en defensa de los puestos de trabajo, el salario y las condiciones laborales. Fueron meses de asambleas, congresos, movilizaciones y paros. Sin embargo, hoy continuamos con salarios deteriorados, con una recomposición salarial que acumula más de tres puntos porcentuales de retraso respecto de la inflación anual.

Luego de una convocatoria tardía a la paritaria salarial, a fines de octubre, el gobierno se presentó sin ningún ofrecimiento. Frente a esta situación, la docencia vuelve a organizarse en asambleas y congresos para discutir cómo continuar la lucha.

El gobierno habla de continuidad pedagógica, pero omite su responsabilidad en los conflictos que atraviesan la educación pública. Los paros no son un capricho de la docencia, sino una herramienta de lucha frente a salarios insuficientes, pérdida de derechos y falta de respuestas. La defensa de las trayectorias educativas no puede utilizarse para enfrentar a las familias con la docencia. Somos parte de una misma clase trabajadora que enfrenta el encarecimiento de la vida, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro de los servicios públicos.

La entrega de útiles y zapatillas es necesaria, pero no sustituye la obligación del Estado de garantizar escuelas en condiciones, puestos de trabajo y salarios dignos. Una mochila puede ayudar a comenzar las clases, pero no alcanza para sostener un año de educación pública.

Si el gobierno no da respuestas salariales ahora, que contemplen también los meses de enero y febrero, el ciclo lectivo 2027 volverá a comenzar atravesado por el conflicto educativo.

Por eso, la tarea es fortalecer desde ya la organización, participar de las asambleas y discutir en cada escuela cómo le arrancamos al gobierno una recomposición salarial que nos saque de la pobreza. Un salario que nos permita vivir dignamente, sostener a nuestras familias, cuidar nuestra salud y recuperar el derecho al descanso y al tiempo libre, sin tener que consumir nuestra vida trabajando para sobrevivir.

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