Santa Cruz: Claudio Vidal gobierna para las empresas mientras posterga el salario de los trabajadores estatales

Mientras el gobernador Claudio Vidal busca presentar su gestión como una etapa de recuperación productiva, generación de inversiones y reactivación económica, los trabajadores estatales siguen esperando una respuesta concreta a sus reclamos salariales. Esta situación plantea una pregunta central: ¿quiénes se benefician de las decisiones económicas del gobierno y quiénes terminan pagando el costo de la crisis?

Desde la perspectiva del Partido Obrero, el problema no se limita a una discusión sobre porcentajes de aumento. Se trata de discutir qué sectores sociales deben soportar el ajuste y hacia dónde se destinan los recursos de la provincia.

La política de incentivos a las inversiones privadas, las concesiones de recursos naturales y los acuerdos con grandes empresas deben contrastarse con la situación de los salarios, las condiciones laborales y el deterioro de los servicios públicos.

Un Estado que garantiza condiciones a las empresas, pero demora respuestas a los trabajadores

Hay un hecho reciente que permite poner esta contradicción en evidencia. El 29 de octubre de 2026, Vidal anunció nuevos compromisos de inversión petrolera por 900 millones de dólares y volvió a defender la reducción de tres puntos porcentuales de regalías para las operadoras. También ratificó su disposición a continuar aplicando ese esquema de incentivos.

En paralelo, ese mismo 29 de octubre se retomaron las mesas salariales con ATE, UPCN, Apap, Adosac y los gremios de Salud. Sin embargo, el gobierno no anunció una nueva oferta salarial concreta y argumentó dificultades financieras, entre ellas la caída de recursos coparticipables.

La comparación permite plantear un interrogante político: ¿por qué el Ejecutivo puede diseñar mecanismos de estímulo para las empresas y no establece una recomposición salarial que proteja el poder adquisitivo de los trabajadores?

La reducción de regalías: ¿quién paga el costo de la reactivación?

El gobierno sostiene que reducir regalías permitirá recuperar equipos, aumentar la producción y generar empleo. Pero desde una perspectiva de clase hay que discutir varios aspectos. ¿Cuánto dinero resigna la provincia mediante la reducción de regalías? ¿Qué garantías existen de que las inversiones anunciadas se traduzcan efectivamente en empleo estable? ¿Qué mecanismos de control existen sobre las empresas beneficiadas? ¿Qué parte de la renta petrolera queda en Santa Cruz para financiar salarios, salud, educación e infraestructura?

El problema no es discutir la recuperación de la actividad petrolera. El problema es que esa recuperación no puede construirse trasladando recursos públicos al sector privado mientras se exige austeridad a los trabajadores.

El discurso contra el empleo estatal

Claudio Vidal ha cuestionado públicamente la dependencia del empleo público y sostiene que Santa Cruz debe modificar su estructura económica, otorgando mayor protagonismo al sector privado. Esta orientación abre otro debate.

Los trabajadores estatales no son responsables de la estructura económica provincial. Son quienes sostienen hospitales, escuelas, organismos públicos, servicios esenciales y la administración del Estado. La discusión sobre la diversificación productiva no puede utilizarse para justificar el deterioro salarial, la precarización laboral o el debilitamiento de los servicios públicos.

Además, una provincia que exporta miles de millones de dólares en recursos minerales y energéticos debe discutir qué destino social tiene esa riqueza.

La responsabilidad de las conducciones sindicales

La negociación salarial tampoco puede quedar reducida a reuniones sin propuestas concretas.

La aceptación de acuerdos insuficientes, la falta de continuidad de los reclamos y la ausencia de un plan de lucha común debilitan la capacidad de negociación de los trabajadores. El rechazo de ATE a la política salarial y su reclamo de recomposición inmediata, actualización de adicionales y recuperación del poder adquisitivo muestran que existe un conflicto que excede la discusión de una paritaria puntual.

Desde el Partido Obrero planteamos asambleas en todos los sectores para discutir los reclamos. Un programa común de recuperación salarial para estatales, docentes y trabajadores de la salud. Recomposición salarial acorde con el costo real de la canasta familiar. Actualización automática de los salarios frente a la inflación. Rechazo a cualquier intento de financiar beneficios empresariales con el ajuste sobre los trabajadores. Control público de las regalías, las concesiones y los compromisos de inversión.

¿De quién es la riqueza de Santa Cruz?

Santa Cruz tiene petróleo, gas, oro, plata, pesca, tierras y enormes recursos naturales. Sin embargo, esa riqueza no se traduce automáticamente en mejores condiciones de vida para sus habitantes. La orientación económica del gobierno de Claudio Vidal coloca en primer plano la promoción de inversiones privadas, la reducción de costos para las operadoras y la búsqueda de nuevos capitales.

Desde el Partido Obrero planteamos que la cuestión central es que los recursos estratégicos deben estar al servicio de las necesidades sociales y no subordinados a la rentabilidad de las grandes empresas.

Esto implica discutir la nacionalización de los recursos estratégicos bajo control de los trabajadores, la apertura de los libros de las empresas y una planificación económica que priorice el empleo, los salarios y las necesidades populares.

La contradicción que atraviesa Santa Cruz es que mientras el gobierno anuncia millones de dólares en inversiones y beneficios para las operadoras, los trabajadores estatales siguen esperando respuestas sobre sus ingresos.

No alcanza con anunciar reactivación económica ni con exhibir compromisos de inversión. Hay que discutir cómo se distribuye la riqueza que produce la provincia.

La crisis no puede seguir descargándose sobre quienes viven de su salario mientras se ofrecen condiciones especiales al capital privado. La recuperación de Santa Cruz tiene que comenzar por recuperar el salario, defender los puestos de trabajo y poner los recursos provinciales al servicio de las mayorías trabajadoras.

Una consigna que sintetiza el planteo: ¡Que la crisis no la paguen los trabajadores! ¡Basta de beneficios a las petroleras mientras se ajustan los salarios estatales!

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