El aumento en los precios superó el 100 por ciento interanual en el mes de febrero (102,5%), una cifra que no se veía desde octubre de 1991. Para el mes de febrero, el número fue de 6,6%, según el Indec, elevándose a casi el 10 por ciento en el caso de los alimentos.

Es un escenario insoportable para trabajadores, jubilados y desocupados, que desde hace años ven cómo se licúan sus ya magros ingresos ante esta dinámica inflacionaria. Desde 2016 hasta el tercer trimestre de 2022, la participación de los asalariados en el ingreso cayó del 51,8% al 43,9%, en favor de la clase capitalista, según un estudio de Cifra (Centro de Investigación y Formación de la CTA), debido a sueldos que evolucionan por debajo de la inflación y precios que suben sin freno.

Los nuevos datos del Indec evidencian el fracaso de la política económica del gobierno y del “superministro” Sergio Massa, cuyas aspiraciones presidenciales dependen en gran medida de su capacidad para contener el alza de precios.

A la par que se conocían estas estadísticas, cientos de miles de vecinos se quedaban sin luz en la Capital Federal y sus alrededores, en medio de una de las olas de calor más agobiantes que se recuerden. Edesur y Edenor, responsables de dejar sin servicio durante días enteros a esa parte de la población, son las empresas que se han visto favorecidas en los últimos meses por la autorización de los tarifazos –una línea que promueve el FMI- y por una condonación de deuda multimillonaria con el Estado. Vale señalar que Edenor, del grupo Vila-Manzano, es parte de la base empresarial del massismo.

Pero así como se multiplicaban los cortes de luz, lo hacían también los cortes de calle y las protestas frente a las sedes de las distribuidoras, por parte de usuarios enardecidos ante la falta de respuestas de estas empresas.

En definitiva, los usuarios afectados adoptaron los métodos piqueteros, la misma semana que la Unidad Piquetera llevó a cabo un formidable acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social, junto a medidas similares en el resto del país. ¿El motivo? Enfrentar el ataque de la gestión de Victoria Tolosa Paz, quien confirmó 85 mil bajas en los planes Potenciar Trabajo.

En el marco de estas medidas de lucha, el gobierno de Mendoza, en manos de la UCR-Juntos por el Cambio, procedió a las detenciones de Martín Rodríguez y Lorena Torres, del Polo Obrero, junto a otros dos compañeros que ya fueron liberados. Bajo la infausta figura de “reiterancia”, el gobierno de Rodolfo Suárez los mantiene en prisión preventiva.

Los sectores populares se enfrentan, de este modo, y en forma simultánea, a un deterioro del poder adquisitivo, la desinversión energética y una poda de la asistencia social. Para tratar de completar el círculo, los gobiernos criminalizan la protesta social y atacan a los luchadores.

Para organizar la intervención de los trabajadores ante la crisis, el Partido Obrero viene planteando la necesidad de un congreso del Frente de Izquierda Unidad, abierto a los luchadores. Sólo una izquierda que se plante, como señala el último editorial de Prensa Obrera, puede ofrecer una salida. Los precandidatos del Partido Obrero están recorriendo el país bajo esta perspectiva.