Al Papa se lo identifica con la corriente progresista del Vaticano, portavoz actual de la doctrina social de la Iglesia. El nombre que ha adoptado para su papado es un reconocimiento a León XIII, al cual el flamante sumo pontífice pretende emular. Este ejerció su papado a finales del 1900 y comienzos del siglo XX es recordado entre otras cosas por su encíclica Rerum Novarum, en la cual la Iglesia expone los principios que debieran regir las relaciones entre el capital y el trabajo.

La encíclica Magnifica Humanitas, que León XIV ha dado conocer prácticamente al debut de su papado, vuelve sobre estos principios pero en el marco actual. Uno de los capítulos que ha despertado mayor atención es el referido a la inteligencia artificial y sus consecuencias en las relaciones laborales.

León XIV pide que la incorporación de inteligencia artificial vaya acompañada de medidas verificables de protección del empleo y de participación de los trabajadores. La propia encíclica admite que las empresas suelen adoptar esas tecnologías para reducir costos y aumentar beneficios. Si un sistema permite producir lo mismo en menos horas, la empresa puede aprovecharlo para reducir la plantilla e intensificar el trabajo de quienes quedan. Los trabajadores pueden reclamar que ese ahorro se traduzca en una jornada más corta sin rebaja salarial. El conflicto empieza cuando hay que decidir cómo se dispone del tiempo que la técnica permite ahorrar y quienes deberían ser sus beneficiarios.

El Papa reconoce que los datos son fruto del aporte de muchos sectores y propone gestionarlos como “bienes comunes”. Sostiene además que las comunidades deben poder intervenir desde el diseño de los sistemas. Es un planteo que va más allá de corregir abusos una vez instalada la tecnología. La continuidad con León XIII aparece en el modo de resolver el conflicto. Al confiar esta tarea al acuerdo entre gobiernos, empresarios, sindicatos y científicos León XIV mantiene, por otra parte, el derecho a la propiedad privada, aunque lo subordina al “destino universal” de los bienes.

El límite de su propuesta aparece al pasar de la fiscalización de los datos al manejo y capacidad de decisión sobre la infraestructura y los recursos necesarios para producirlos. Una empresa puede abrir el acceso a ciertos datos y seguir decidiendo sobre los modelos que se elaboran y ofrecen, los centros de cómputo y la inversión y sus empleos, incluidos la vigilancia al personal o el desarrollo de aplicaciones militares.

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La herencia de Rerum novarum

León XIV firmó su encíclica el 15 de mayo de 2026, a 135 años de Rerum Novarum. En 1891, frente al ascenso del movimiento obrero y del socialismo, León XIII reconoció que la necesidad podía forzar al trabajador a aceptar un salario insuficiente. Defendió el derecho de asociación y un salario suficiente para vivir. Al mismo tiempo declaró inviolable la propiedad privada, pidió al Estado que frenara a los agitadores revolucionarios y trató la huelga como un mal que la legislación debía prevenir removiendo sus causas. La Iglesia ofrecía así una vía de organización obrera subordinada a la conciliación con la patronal.

La fórmula "ni el capital puede subsistir sin el trabajo, ni el trabajo sin el capital" presenta esa dependencia como recíproca y natural. El obrero necesita herramientas y medios de subsistencia. Su dependencia del capitalista surge de que esos medios son propiedad y monopolio de la clase capitalista, por lo cual el trabajador para trabajar y subsistir está forzado a vender su fuerza de trabajo. No estamos ante una relación de iguales sino de una  subordinación de una parte a la otra.

La encíclica de 1891 invoca al obrero que ahorra para comprar una parcela como argumento general en defensa de la propiedad privada. Al pasar del pequeño patrimonio obrero a la propiedad capitalista deja de lado una diferencia decisiva. La primera está  fundada en el trabajo propio, mientras la segunda es una apropiación de una parte del valor que produce el trabajo ajeno -incluso cuando el salario cubre la subsistencia del trabajador. La doctrina social de la Iglesia hace una mistificación del capital, pues  convierte en sinónimo al capital y las máquinas, y en términos generales los instrumentos de trabajo, cuando el capital es la forma social específica de propiedad que tienen esos medios de producción bajo el orden social vigente.

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La disputa por la regulación de la IA

León XIV propone auditorías independientes, vías para impugnar decisiones automatizadas y, cuando haga falta, demorar la adopción de un sistema. Una auditoría puede revelar cómo se discrimina a un trabajador, pero la empresa conserva sin embargo la facultad de decidir si automatiza un proceso y qué hace con el tiempo de trabajo que ahorra. 

En el marco de esta disputa el Vaticano aparece alineado y vocero con una de las fracciones de las big tech en el debate en torno a los controles de la IA que divide al propio capital tecnológico. Christopher Olah, cofundador de Anthropic, fue uno de los oradores en la presentación de la encíclica y reconoció allí la presión comercial y geopolítica bajo la que operan los grandes laboratorios.

Peter Thiel, cofundador de Palantir, es favorable a reducir las trabas regulatorias y a estrechar la integración de las tecnológicas con el aparato militar estadounidense, de la que representa Anthropic en materia de seguridad. En California Anthropic respaldó la iniciativa que exige a grandes desarrolladores publicar cómo gestionan los riesgos graves y reportar incidentes críticos. La asociación empresarial Chamber of Progress se opuso al proyecto durante su trámite. La disputa alcanza a qué obligaciones se imponen, quién las fiscaliza y a qué empresas afectan 

La divergencia también se manifestó en el terreno militar. En febrero de 2026 Anthropic defendió el uso de Claude en tareas de defensa e inteligencia y se opuso a su empleo para la vigilancia interna masiva y para armas plenamente autónomas en las condiciones técnicas de ese momento. Los límites que reclama la empresa son compatibles con su participación en el negocio militar. Las diferencias regulatorias tienen efectos concretos, pero ninguna de esas orientaciones pone en manos de los trabajadores la facultad de decidir cómo se incorpora la IA en sus lugares de trabajo.

Un planteamiento obrero debería empezar por organizar a los trabajadores, incluido a quienes entrenan al personal, conquistar el acceso sindical a los sistemas que fijan ritmos y evalúan al personal, y disputar que todo ahorro de trabajo se traduzca en una reducción de la jornada sin pérdida salarial. Si una empresa pretende responder a esas demandas retirando inversiones o trasladando la producción, la lucha por las condiciones de trabajo desemboca en la cuestión de la propiedad. La socialización de la infraestructura estratégica bajo contra de los trabajadores permitiría decidir de antemano qué desarrollar, qué usos rechazar y a qué necesidades destinar los recursos que libera la automatización.

La encíclica pide participación de los trabajadores pero confía la solución al acuerdo con quienes conservan la facultad de invertir, automatizar y despedir. La diferencia entre ser “consultado” en una decisión y tener poder de modificarla es una divisoria de aguas entre la doctrina social de la iglesia y el socialismo.

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