“No hay plata”… pero sí para congraciarse con la iglesia católica

La visita del papa a la Argentina puso de manifiesto lo que muchos venimos denunciando desde el comienzo del gobierno liberal,  que la tan mentada y utilizada frase “no hay plata”, popularizada por el presidente Javier Milei pero implementada también por los gobernadores e intendentes de distintos pelajes partidarios, tiene un contenido de clase, y sirve para encubrir el ajuste que padecemos las mayorías trabajadoras en beneficio de las minorías capitalistas; es por eso que ante la llegada del jefe máximo de la iglesia católica, “aparecieron” fondos que eran negados o que directamente ni eran contemplados. Acá hacemos un breve y sintético repaso, sobre algunos aspectos, de cómo los distintos niveles del Estado “de repente” consiguieron aquel dinero negado para las necesidades más elementales y cotidianas. 

Nación y los fondos de discapacidad

Es sabido que uno de los colectivos a los que el gobierno nacional decidió ajustar con mayor dureza es el de las personas con discapacidad, quitándoles distintos derechos conquistados, restringiéndoles las prestaciones médicas, recortando insumos de salud, desvalorizando las pensiones que cobran e incluso negándoselas y entorpeciendo el acceso a ellas, llegando a reprimirlos cuando ellos y sus familias reclamaban y exigían la sanción de leyes que garantizaran la continuidad de sus tratamientos; la visita del papa a un centro de asistencia a estas personas, a cargo de la iglesia católica, evidenció aún más la crítica situación que atraviesan, rápidos de reflejos para quedar bien con la institución eclesiástica jueces que atendían las demandas contra el gobierno lo obligaron a cumplir con los fondos que mensualmente le llegan al denominado Cottolengo Don Orione; para evitar profundizar el golpe político el gobierno nacional salió a declarar, a través de su ministros de Salud, Lugones, que se habían cumplido los compromisos por más de 828 millones de pesos. 

Además de esta partida presupuestaria, que era la que correspondía, el gobierno nacional destinó más de 13 millones de dólares para cuestiones logísticas de la realización de la misa que se va a realizar en CABA, contratando de forma discrecional a una empresa de eventos masivos.

Provincia y el fin de los lamentos de Kicillof

Por su parte el gobierno de Buenos Aires, que ha construído, junto a sus sindicatos acólitos, una narrativa en la que el ajuste sobre las dependencias públicas, su infraestructura, los programas de asistencia a las familias en situación de vulnerabilidad y los salarios de sus trabajadores, está justificado debido a la falta de fondos, llevó adelante un presupuesto para la organización de la visita de 17 millones de dólares, distribuidos en los dos eventos que se van a realizar en Luján y en Almirante Brown; también a partir de esta circunstancia destinaron cupos de un programa provincial para personas con discapacidad residentes del centro asistencial ubicado en Claypole.

La discrecionalidad y la excepcionalidad de estos fondos se pone aún más de manifiesto con la presentación de un nuevo presupuesto de ajuste y endeudamiento que el gobierno provincial va a tratar de aprobar en los próximos días en la legislatura bonaerense.

Don Orione, un barrio que expresa la realidad de un municipio

Don Orione, un barrio habitado por más de 60 mil personas, es un claro exponente de la realidad que atraviesan las familias trabajadoras del distrito: crisis habitacional, problemáticas de acceso a los servicios básicos, como la falta de agua, basurales en plena vía pública, falta de mantenimiento de infraestructura urbana (luces, calles, desagües, etc.) y también de los edificios escolares (hace unas semanas una escuela secundaria tuvo que suspender sus clases durante semanas porque el Consejo Escolar no invertía en la reparación de una situación extremadamente grave para estudiantes y trabajadores). Debido a la excepcional circunstancia el gobierno municipal de Almirante Brown, encabezado por Fabiani, suplente de Cascallares (actual senador provincial), destinó fondos para “embellecer” la parte visible del barrio, la avenida Eva Perón, que lo recorre, y las adyacencias de la ruta provincial 4, que lo delimita de Claypole.

Además se desplegó un enorme operativo policial que prácticamente es una militarización, con agentes en todas las esquinas que controlan permanentemente a los vecinos que vivimos en el barrio solicitándonos de forma arbitraria DNI para circular. Esta preocupación por la “seguridad” contrasta con la cotidianeidad que se vive en esta localidad en la que las zonas liberadas son parte de la realidad.

La excepción no hace la regla

Los fondos distribuídos por los distintos niveles de gobierno para cumplir con sus obligaciones ante la venida del papa son excepcionalidades en un cuadro de ajuste integral, y son una forma de congraciarse políticamente con una de las instituciones que lleva adelante un rol de contención fundamental de las masas en medio de una crisis social, que cobra mayor relevancia ante el cuadro convulsivo de rebeliones que se desató como reguero de pólvora por Europa y tuvo sus expresiones de distintas formas en nuestro continente, la última en el vecino país de Paraguay, donde la movilización popular derribó al corrupto presidente Peña. Por distintos motivos, pero con un mismo objetivo, el de sostener una lógica de ajuste capitalista  sobre la clase trabajadora, todas las fuerzas políticas (y varios inversores representantes de la burguesía local) de nuestro país, a excepción del Frente de Izquierda, buscan pegarse al papa para continuar en esta línea sin sobresaltos. 

Las y los trabajadores tenemos por delante la tarea de continuar con la lucha por imponer nuestras demandas, las que obligaron mediante la organización, la movilización callejera y las herramientas de nuestra clase, a los distintos gobiernos a tener que retroceder en sus políticas ajustadoras, nada más que esos métodos, nuestras fuerzas y la claridad política de la incompatibilidad de estos con nuestros intereses, serán los que impongan una salida que nos garantice el cumplimiento de todos nuestros derechos y el fin del deterioro de nuestras condiciones de vida.

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